​Este martes se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público notificó un embargo por 500 millones de pesos al ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado de Veracruz, y actual diputado federal del PRI por Cosamaloapan, Tarek Abdalá Saad.

El suyo es uno de los casos emblemáticos de la corrupción sin freno del gobierno que encabezó Javier Duarte de Ochoa -a cuyo círculo más cercano perteneció Abdalá Saad-, así como de la impunidad más atroz prodigada desde el PRI para evitar que fuera llamado a cuentas. Al menos, momentáneamente.

Tarek Abdalá enfrenta un proceso por peculado y desvío de recursos del estado de Veracruz por 23 mil 156 millones de pesos, por el cual la Fiscalía local pidió su desafuero como legislador federal.

Sólo que a diferencia de otros priistas que fueron abandonados a su suerte por el régimen, como el propio Javier Duarte, en el caso de los que son legisladores el PRI se opuso a que se les “sacrificara”, e impidió el desafuero no sólo de Tarek Abdalá, sino también el del diputado federal por Tuxpan y ex coordinador de Comunicación Social Alberto Silva Ramos, otro de los duartistas que fue llamado a cuentas por el gobierno de Veracruz, antes de que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares optara por negociar con los demás.

Como se ha señalado reiteradamente en este espacio con anterioridad, si ex gobernadores como Duarte de Ochoa o Roberto Borge están en prisión es porque el Gobierno Federal decidió actuar en su contra luego de que el PRI perdió las gubernaturas donde estos personajes mal gobernaron. Pero el objetivo nunca fue hacer justicia, sino lavar la cara de un partido completamente desacreditado ante la ciudadanía por la corrupción rampante de militantes como éstos.

Sin embargo, el encarcelamiento de Duarte, Borges y compañía ya no le alcanza al régimen priista, que en la víspera de la elección presidencial y de varias gubernaturas aparece atrás en las preferencias.

El gran problema del PRI –y que de manera increíble algunos de sus militantes no terminan de entender- es que su marca arrastra un desprestigio monumental, que los obliga a ir más allá para intentar convencer al electorado de que verdaderamente pretende combatir la corrupción.

Así que la acción del SAT en contra de Tarek Abdalá podría ser el inicio de la última jugada del régimen priista, donde se habrían convencido de que pierden más protegiendo a esos ex funcionarios cuyos actos de corrupción son inocultables e indefendibles. Además, no hay que olvidar que el brazo ejecutor para hacer caer a Javier Duarte fue, precisamente, el Servicio de Administración Tributaria, con el conocido caso de las empresas “fantasma”.

Es un hecho que si el PRI y el Gobierno Federal no dan un golpe de timón con acciones contundentes en estos momentos para remontar la cuesta arriba que enfrentan, difícilmente podrán hacerlo después.

Además, de cualquier forma, el 30 de agosto se les termina el fuero a esos diputados duartistas, por lo que tendrán que responder de una u otra manera a los requerimientos judiciales que enfrentan en Veracruz. Si el SAT se adelanta y procede en su contra, como con Javier Duarte, quizás todavía puedan hacer algo.

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