​La vocación antidemocrática y autoritaria del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha alcanzado niveles que, de tan absurdos, provocarían risa. Pero que de tan graves, lo que causan es verdadera alarma.

La tarde de este jueves 22 de febrero, mientras participaba en una actividad académica dentro de un recinto universitario, la investigadora Rosío Córdova Plaza recibió un citatorio de parte de la Fiscalía General del Estado para presentarse a declarar la tarde de este viernes 23.

En el citatorio de marras se mencionan diferentes leyes en las que la autoridad fundamenta el llamado a declarar de la investigadora universitaria, pero sin precisar en ningún momento el motivo.

Lo que sí se establecía muy claramente es que en caso de que Córdova Plaza no se presente a la cita con la autoridad ministerial, “se hará uso de la fuerza pública, conforme a lo establecido en el artículo 364 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Ya por la noche, la Fiscalía boletinó que el citatorio se giró “con motivo de las declaraciones de la Investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), Rosío Córdova Plaza, en el sentido de contar con datos de 20 personas miembros de la UV, entre estudiantes, personal académico y administrativo que han sido privados de su libertad, sin que se tenga noticia de su paradero”, por lo que fue llamada a “comparecer en calidad de testigo ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, donde se inició por noticia criminal, como consecuencia de las notas periodísticas que recogieron su declaración, radicándose la Carpeta de Investigación FEADPD/ZCX/18/2018, para que aporte los datos de prueba que sustenten la información que dio a conocer (sic)”.

El “delito” cometido por Rosío Córdova fue que durante un foro en el que se presentaron los resultados del proyecto “La UV como constructora de paz: alternativas a las violencias en Veracruz”, dio a conocer una cifra recabada a través de ese estudio: nueve estudiantes de la Universidad Veracruzana han sufrido de privación ilegal de la libertad, y otros 27 fueron víctimas de secuestros exprés, o “levantones”. Cifras, reiteró, obtenidas mediante encuestas entre integrantes de la comunidad universitaria.

Y como el tema tuvo repercusión en los medios locales, al parecer causó el desagrado de la autoridad estatal, que se ha empeñado en negar la gravedad de la situación de inseguridad que priva en Veracruz y que rechaza que durante esta administración se registre la desaparición de personas.

Pero no sólo eso. Rosío Córdova es pareja del actual presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, a quien el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares hostiga sistemáticamente por ser emanado de Morena, y que encontró en este caso una nueva manera de intentar arrinconarlo, atacando a una mujer. La vileza implícita es insoslayable.

Pero más miserable aún fue la actitud de la rectoría de la Universidad Veracruzana. También a través de un comunicado, se deslindó de la doctora Córdova Plaza, quien es investigadora de la casa de estudios, alegando que “las expresiones de nuestros académicos y científicos respecto de esta y cualquier circunstancia de interés público es responsabilidad de cada uno de ellos”, y que la presente administración universitaria “no avala” la información dada a conocer por la académica.

Valga decir que desde la campaña por la gubernatura de 2016, la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, pactó con Miguel Ángel Yunes Linares apoyarlo en su aspiración, “alianza” –o más bien, complicidad- que por lo visto sigue vigente. Y por si no bastase, Rosío Córdova fue su contendiente en el último proceso de designación de rector. No desaprovechó la oportunidad y mató dos pájaros de un tiro.

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha hecho del uso tendencioso de las instituciones y de la torcedura de la ley un arma para amedrentar y reprimir a sus críticos y adversarios políticos. Tan sólo en este caso, violó el artículo 23 de la Ley General de Víctimas, que establece que las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las instituciones académicas, realicen investigaciones de violaciones a los derechos humanos de forma libre e independiente.

El brazo ejecutor de esta estrategia de coerción del yunismo ha sido el “autónomo” fiscal general Jorge Winckler Ortiz, quien tiene montada una especie de “Gestapo jarocha”, con “orejas” disfrazados de reporteros que le dan santo y seña de las actividades, dichos y hábitos de quienes consideran sus “enemigos”, para actuar en su contra o, por lo menos, darles un “calambre” judicial.

Quizás uno de los peores fracasos de la alternancia en Veracruz.

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