​Uno de los vicios más dañinos del mal ejercicio del poder en México consiste en usar las instituciones públicas como ariete para proteger intereses políticos personales, de grupo o de partido.

Prácticamente sin excepción de filia partidista, los políticos que en posiciones de poder abusan del mismo al enderezar ataques a sus adversarios desde instituciones que deberían servir para procurar el bienestar de los gobernados, desvirtúan con ello su función e incluso malversan los recursos públicos que se les otorgan al ocuparlos para tareas que nada tienen que ver con su naturaleza, o que la tergiversan intencionalmente.

El caso de la andanada que desde el Gobierno Federal –a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República- se ha lanzado contra el candidato presidencial pan-perredista Ricardo Anaya es sintomático. Una diáfana muestra de cómo se puede transgredir el Estado de Derecho, simulando que se le protege. 

Porque si bien el abanderado panista no está exento de haber cometido uno o varios delitos con sus reiterados manejos poco claros en la compra-venta de inmuebles que se ha exhibido en los medios, lo cierto es que hasta ahora lo único que realmente hay es ruido mediático, pues ninguna autoridad ha procedido en su contra. No existen, no aún, denuncias penales qué perseguir. Sólo lo que conocemos en el argot político como “guerra sucia”, muy propia de las temporadas electorales.

Aunque las campañas son para eso, para contrastar propuestas y destacar los yerros y debilidades del adversario, usar a las instituciones de manera facciosa no sólo las debilita al destruir la de por sí escasa confianza que los ciudadanos tienen en éstas, sino que dinamita la equidad en la contienda y abre la puerta para que se comentan las peores tropelías. Al fin y al cabo, la legalidad ya ha sido quebrantada.

En Veracruz hemos padecido el abuso institucional con resultados que fueron más allá de lo desastroso. Durante los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte –aunque podríamos remontarnos también a los de Dante Delgado y Patricio Chirinos, por lo menos-, la ley se aplicó a conveniencia, cuando no se rompió con absoluta alevosía. Los “enemigos” fueron hostigados, acorralados y hasta eliminados. Los recursos económicos, derrochados y hurtados. Y así hubieran podido continuar, de no ser porque el último gobierno priista en la entidad, el de Duarte de Ochoa, cometió tal cantidad de excesos, que por sí solo terminó reventando.

Por desgracia, la alternancia partidista en la entidad no trajo consigo cambio alguno en el abuso de las instituciones. Así, con el actual gobierno panista tenemos una “autónoma” Fiscalía General que es manipulada para amedrentar a críticos y opositores, mientras que se negocia la impunidad para varios de los responsables del saqueo a las arcas estatales a cambio de unirse a su bando, “soltar la sopa” para hundir a quienes les permitieron enriquecerse y apoyar, en efectivo o en especie, los intereses del actual régimen.

Además, y como sello personal, los funcionarios de alto nivel del gobierno del “cambio” son obligados a comportarse como carretoneros para responder a las críticas, haciendo de la procacidad y la vulgaridad el hilo de su discurso. 

Para muestra, la presentación pública del nuevo secretario de Desarrollo Social estatal, José Rodrigo Marín Franco, funcionario que fue enviado a agredir verbalmente, adjetivando en lugar de argumentando, a la diputada federal Rocío Nahle a causa de sus críticas al presunto uso político de los programas sociales del gobierno estatal. Por cierto, con el agravante de que este jueves se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, fecha en la que seguramente el discurso oficial versará acerca de la “equidad”, la “igualdad” y el “respeto”.

Palabras huecas. Igual que las instituciones en Veracruz.

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