​Reiteradamente, durante el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se denunció la participación de las fuerzas estatales de seguridad pública en la comisión de delitos de todo orden en el estado. Principalmente, los de desaparición forzada, tortura y homicidio.

Los casos más emblemáticos y sonados, aunque muy lejos de ser los únicos, fueron los del ex cantante de “La Voz México”, Gibrán Martiz, quien fue sacado a la fuerza de su domicilio particular por elementos policiacos estatales y días después fue encontrado sin vida y con signos de tortura –del joven que se encontraba con él y que también fue plagiado no se volvió a saber nada-; y el de los cinco jóvenes que hacia el final del gobierno de Javier Duarte fueron detenidos también por policías del estado en Tierra Blanca, y que luego se supo los entregaron al crimen organizado, que desapareció los rastros de su paradero.

Hace unas semanas, el ex secretario duartista de Seguridad Pública, el otrora poderoso Arturo Bermúdez Zurita, junto con otra veintena de mandos y elementos policiacos, fueron imputados por la desaparición de 15 personas en la zona de Xalapa, que presumiblemente habrían sido también torturadas y desaparecidas dentro de las instalaciones de la Academia de Policía de El Lencero.

Las organizaciones civiles de búsqueda desaparecidos en Veracruz han exigido todo este tiempo que la responsabilidad por estos hechos monstruosos se finque hasta el más alto nivel y que alcance al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, por haber permitido –por lo menos- estos crímenes, considerados de lesa humanidad.

Sin embargo, y contrario al discurso oficial del régimen que ahora encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, éste es un problema que está muy lejos de haberse resuelto con el arribo de la alternancia partidista en el gobierno estatal. Por un hecho muy simple: el mal sigue dentro.

Los 19 policías estatales detenidos a principios del mes de febrero por desaparecer personas en el anterior gobierno continuaban prestando sus servicios en la actual administración. Eran integrantes de las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, al grado de que fueron apresados dentro de las instalaciones del cuartel de San José, en Xalapa.

La justificación oficial es que el actual gobierno los mantuvo en sus puestos para que no se “escaparan”. Pero ¿quién podría garantizar que no continuaban delinquiendo al amparo de una placa, como antaño?

Y más allá de cualquier especulación, los hechos indican que la policía estatal mantiene esas prácticas criminales en este periodo gubernamental. Verbigracia, los ocho elementos del Mando Único de la Región Centro de la Secretaría de Seguridad Pública, incluido el subdelegado Patricio Lagunes, detenidos hace unos días por la desaparición, tortura y asesinato del joven Juan Arturo Méndez Alcántara en la ciudad de Córdoba.

Al gobernador Yunes Linares no le quedó más remedio que reconocer que dichos elementos policiacos aprehendidos estaban en activo, haciendo lo mismo que se ha denunciado que se hacía en el gobierno anterior. Por lo menos, a éstos ya los detuvieron.

Pero de acuerdo con organismos civiles de búsqueda de desaparecidos, como el Colectivo Solecito, éste es solamente un caso de criminalidad policiaca de los muchos que se siguen cometiendo en todo el territorio veracruzano y que la autoridad se niega a aceptar. 

Mientras no les estallen en las manos.

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