​“En un Estado democrático, hombres y mujeres debemos tener las mismas oportunidades de desarrollo, salud, vivienda, educación, independencia económica, libertad para tomar decisiones y seguridad”. 

Lo anterior fue parte del minúsculo discurso oficial del Gobierno del Estado de Veracruz alusivo al Día Internacional de las Mujeres, el cual fue pronunciado el pasado 8 de marzo por la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Yolanda Olivares Pérez, ya que para el titular del Ejecutivo estatal, Miguel Ángel Yunes Linares, el tema no sólo no es prioridad, sino que ni siquiera es digno de ocupar un lugar en su agenda, en la que fue olímpicamente ignorado en esa fecha.

Aunque hay razones de peso que ayudan a entender el desaire hacia las mujeres veracruzanas por parte de la administración estatal. Principalmente, porque desde el propio gobierno se ejerce una violencia, institucional y sistemática, en su contra.

No por nada, Veracruz es el único estado de la República Mexicana al que le han sido declaradas dos Alertas por Violencia de Género, fruto del desdén con que este fenómeno es abordado desde el poder público. Para muestra, de las 102 acciones recomendadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a raíz de la primera alerta, sólo han sido cumplidas 68. Y una de las principales, la ampliación de las causales para la práctica legal de la interrupción de un embarazo, fue bloqueada por el panismo gobernante en el Congreso del Estado y, por lo menos en lo que le resta a esta Legislatura y a la administración yunista, no pasará.

Pero las omisiones en la atención de las alertas de violencia de género sólo son la consecuencia natural de una manera de ejercer el poder misógina y autoritaria, que se refleja diáfanamente en su proceder público.

En diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado dio de baja o bien rotó de sus puestos a 22 fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas. La justificación dada por el organismo fue una supuesta baja productividad en su desempeño, y sostuvo que el objetivo era “realizar un cambio efectivo, de respuesta inmediata y a favor de las y los veracruzanos”.

Sin embargo, tres meses después de esos hechos, la Fiscalía General del Estado no ha nombrado a nadie en dichas fiscalías especializadas. Permanecen acéfalas, mientras la violencia en contra de las mujeres no cesa en Veracruz.

Al recibir el Premio Estatal de la Mujer en el Congreso del Estado, la activista y defensora de mujeres indígenas de la Sierra de Zongolica, María López de la Rica, denunció que en lo que va del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares ha sido contabilizado el asesinato de al menos 251 veracruzanas en la entidad, de acuerdo con datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana.

No es pues de extrañar que ante la indolencia hacia la creciente problemática de la violencia contra las mujeres, el mismo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares la ejerza abiertamente a la hora de hacer política, como quedó de manifiesto con la serie de epítetos y agresiones verbales que el recientemente nombrado secretario de Desarrollo Social estatal, José Rodrigo Marín Franco, le lanzó a la diputada federal por Coatzacoalcos, Rocío Nahle, en un mensaje que mereció críticas hasta de los propios legisladores locales panistas, de tan burdo y soez.

Con todo el sello de la casa. Retrato fiel de su estilo para gobernar.

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