​En Veracruz, el principio de presunción de inocencia que se supone es uno de los principales basamentos del renovado sistema de justicia penal, es letra muerta para las autoridades encargadas de la procuración de justicia.

Ante la crecida mediática por la probable ejecución extrajudicial de dos mujeres menores de edad a manos de policías estatales el pasado 10 de marzo en el municipio de Río Blanco, el fiscal Jorge Winckler Ortiz salió a despedazar este principio y el del debido proceso, con tal de proteger la imagen del gobierno de su jefe, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En violación flagrante de la Ley General de Víctimas, el fiscal Winckler criminalizó hasta la saciedad a las jóvenes de 16 y 14 años Nefertiti y Grecia Camacho, acribilladas por elementos de Seguridad Pública hace cinco días. No sólo por asegurar que formaban parte del crimen organizado sin que haya concluido la investigación, sino por revelar datos personales e incluso familiares de las adolescentes muertas.

Con la velocidad que sólo tiene para atender los casos con repercusiones mediáticas y políticas para el gobierno yunista, el fiscal aseguró que en menos de cinco días reunieron pruebas “científicas” de que “hubo un uso proporcional de fuerza letal por parte de los elementos de Seguridad Pública del estado, al repeler una agresión directa con armas de fuego que ponía en riesgo su integridad física y la de las demás personas”.

Con el pretexto de atender los “principios de máxima publicidad”, por existir sobre el tema “un interés preponderante de la sociedad en su conjunto”, en un mensaje controlado para medios, en el que no hubo preguntas, el fiscal Winckler reveló datos e imágenes de la investigación –algunos de los cuales ya había filtrado a la prensa-, incluidos los cadáveres de las jóvenes a las que desde ahora, sentenció como culpables, sin necesidad de la engorrosa intervención de un juez.

Erigiéndose en persecutor y a la vez en tribunal, el fiscal determinó que “no hay un solo indicio de responsabilidad que se le pudiera atribuir a los elementos de Seguridad Pública” sobre los que existen señalamientos acerca de su probable participación en una ejecución extrajudicial, a partir de una imagen en la que una de las jóvenes todavía estaría con vida, sentada en el pavimento frente a uno de los policías, y que en otra fotografía aparece muerta y con el cuerpo ensangrentado. Winckler afirmó que la primera imagen estaba “posiblemente manipulada a través de retoque fotográfico” y advirtió que buscan al autor de la misma para llamarlo a declarar.

A diferencia de muchos otros casos en los que la Fiscalía veracruzana se reserva hasta los más mínimos y superfluos detalles, escudándose en el principio del debido proceso, en éste eso no importó, por una sencilla razón: la consigna era proteger a los policías. Y de paso, descalificar a los medios de comunicación y los periodistas que se atrevieron a cuestionar la posibilidad de una ejecución a mansalva, a los que Winckler acusó de darle “una connotación morbosa y distorsionada a los hechos”, y “exigió” hacer “la aclaración respectiva con los datos, hechos, pruebas y dictámenes aquí presentados”.

El doble rasero para la procuración de justicia en Veracruz, que no mide de igual manera a todos los ciudadanos, ha sido una constante desde que asumió el poder Miguel Ángel Yunes Linares y colocó en la Fiscalía a su abogado personal, cuya autonomía es inexistente y está al servicio de los intereses del titular del Ejecutivo, y no del cumplimiento estricto de la ley.

Asimismo, es un hecho comprobado que dentro de la corporación policiaca estatal permanecen elementos que delinquieron en el pasado y delinquen en la actualidad, como lo demuestra la detención en los últimos dos meses de 19 de ellos en Xalapa y otros ocho en Córdoba por el delito de desaparición forzada. 

Más allá de especulaciones, y al afirmar la propia Fiscalía que las personas abatidas tenían nexos con el crimen organizado, es necesario que sea la justicia federal la que atraiga el caso. No porque sea más confiable. Sino porque al menos podría ser un poco más imparcial.

En Veracruz, para la autoridad los ciudadanos somos culpables, se compruebe o no lo contrario, si así les resulta conveniente.

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