​Como era previsible, el Gobierno de Veracruz y su ariete, la “autónoma” Fiscalía General del Estado, intensificaron su estrategia de meter a la cárcel a ex funcionarios de la anterior administración justo en el arranque de las campañas electorales federales, y en la víspera del inicio de las locales.

Esta semana fueron aprehendidos el ex director de Servicios Periciales de la Fiscalía General, Gilberto Aguirre Garza, y la ex delegada regional de la Policía Ministerial en la zona de Xalapa, Carlota Zamudio Parroquín, acusados del delito de desaparición forzada.

A ambos se les imputa haber participado en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos presuntamente arrojados por policías estatales a un sitio conocido como la Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, 12 de los cuales continúan en calidad de desaparecidos, mientras que el restante fue localizado en el municipio de Alto Lucero, a donde habría sido trasladado por la propia autoridad, de acuerdo con la versión oficial.

Con la celeridad que para la Fiscalía yunista merece un caso cuando le representa publicidad mediática, los detenidos de inmediato fueron vinculados a proceso y les fue decretada la prisión preventiva por un año en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec.

Sin prejuzgar sobre su responsabilidad en los delitos que se les achacan a estos ex funcionarios –eso corresponderá a un juez-, lo que queda evidenciado es el doble rasero en la manera como actúa la Fiscalía en el proceso en su contra, en contraste con el de los policías estatales implicados en los mismos hechos: la implicación de los altos mandos de ambos organismos.

En el caso de los 19 policías detenidos a principios de este año, el alcance de los delitos a perseguir llegó hasta su jefe máximo, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita. Y podríamos agregar que con justa razón.

Sin embargo, tanto el ex director de Servicios Periciales como la ex delegada de la Policía Ministerial trabajaban en la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría General de Justicia. Y en ese caso, ninguno de los titulares de dicha dependencia en el periodo duartista ha sido llamado a cuentas. Ni siquiera en calidad de testigo.

Por principio de cuentas, quien encabezaba el organismo cuando sucedieron estos hechos en específico era Luis Ángel Bravo Contreras, quien a pesar de haber sido designado por el Congreso del Estado para ocupar el cargo de fiscal general por un periodo de nueve años, una vez que asumió la gubernatura Miguel Ángel Yunes Linares decidió presentar su “renuncia voluntaria”, a cambio de lo cual no ha sido molestado desde entonces. O al menos, hasta el momento.

Pero Bravo Contreras no fue el único titular del Ministerio Público estatal del periodo de Javier Duarte señalado por haber ocultado información sobre personas desaparecidas. 

Pedro Mávil, padre de la joven Gemma Mávil –quien desapareció en mayo de 2011- refiere que por el ocultamiento y desaparición de personas también tendría que investigarse al ex procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, en cuyo periodo al frente de la dependencia desapareció su hija, y de lo cual sí existía un informe sobre el levantamiento de un cuerpo que habría sido el de su familiar, hallazgo que le fue ocultado y del que descubrió su existencia hasta 2016.

Sin embargo, Amadeo Flores “transó” con el yunismo gobernante en Veracruz para apoyar la candidatura del panista Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura, con todo y que además de procurador, fue dos veces dirigente estatal del PRI, entre muchos otros cargos de una larga carrera que le debe por completo a ese partido.

Y es así que mientras para funcionarios menores, que en el mejor de los casos recibían órdenes superiores, se aplica la ley de manera implacable, para sus jefes, auténticos “peces gordos”, pareciera que aplica el perdón. Y sobre todo, el olvido, de parte de un gobierno que prometió no olvidar.

Su memoria, como la justicia que procuran, es muy selectiva.

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