​En México, la estridencia propia de una época electoral como la que está en curso es campo fértil para el uso y abuso de las instituciones públicas con fines propagandísticos.

Ya sea legislando al vapor o manipulando los organismos encargados de la procuración e impartición de justicia, la clase política, desde sus respectivas trincheras, pretende hacer creer al electorado que hace bien las cosas. Que combate la corrupción. O que elabora leyes en beneficio de la población.

En otras circunstancias y en otro momento, la eliminación del fuero constitucional debería ser algo para celebrar ampliamente. Esta figura, cuyo propósito inicial era evitar que un actor político fuera perseguido por expresarse o actuar con libertad, se pervirtió de tal manera que se convirtió en una manera de burlarse de la ley y evadir la acción de la justicia gracias a una protección malentendida, en defensa regularmente de intereses político-partidistas.

Sin embargo, la aprobación fast track de la eliminación del fuero constitucional de los legisladores y los gobernantes –incluido el Presidente de la República- que este jueves votaron los diputados federales –falta aún su ratificación en la Cámara de Senadores- no parece tener como objetivo que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley, por un simple factor: en México hay muchos que son menos iguales que otros.

¿Qué queremos decir con esto? Que mientras existan fiscalías y ministerios públicos subordinados a intereses con mayor nivel de poder, como los el Ejecutivo federal o los estatales, la eliminación del fuero solamente abre la puerta para la “cacería de brujas”, para la persecución judicial de los adversarios políticos.

Es una realidad inobjetable que la ausencia de autonomía de los órganos encargados de la procuración de justicia hace imposible el acceso pleno a la misma. Y hasta el momento, no hay una sola fiscalía o procuraduría en México que sea verdaderamente independiente y soberana en su actuación, por más que en algunas entidades federativas tengan ese estatus legal. El caso de Veracruz es paradigmático en ese sentido.

Dotada de autonomía legal desde el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, en los hechos la Fiscalía General del Estado de Veracruz nunca ha dejado de ser un apéndice del Ejecutivo en turno. Lo fue del propio Duarte, y ahora mismo lo es del actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, que nombró al frente del organismo a quien fungía como su abogado personal y coordinador del equipo jurídico de su campaña a la gubernatura, Jorge Winckler Ortiz.

Desde que asumió el cargo, la actuación de Winckler ha estado circunscrita a los intereses políticos de su jefe, que ha usado a la Fiscalía como un ariete propagandístico en medio de la persecución legal –a medias- de los duartistas que desfalcaron el estado.

Así, mientras algunos ex funcionarios fueron encarcelados sin mediar concesión alguna, e incluso cometiéndose excesos que pondrían a prueba la observancia del debido proceso, otros gozan de cabal impunidad al haber pactado la entrega de información o de recursos al régimen. 

Para no ir muy lejos, este mismo jueves la Fiscalía anunció la persecución judicial de Carol Jessica Moreno Torres, quien se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz durante unos meses de 2016, y a quien acusa del presunto desvío de casi 100 millones de pesos para “operaciones de corte político partidario dentro de nuestro estado e incluso del país”.

En contraste, la misma Fiscalía nunca ha tocado ni con el pétalo de un citatorio al antecesor de Moreno Torres en la Oficialía Mayor de la SEV, el actual diputado local de Nueva Alianza Vicente Benítez González, cuyo enriquecimiento fue tan escandaloso como el del ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez, o el del mismo Javier Duarte. 

La diferencia es que Vicente Benítez “transó” con el yunismo desde el año pasado, mientras que Carol Jessica Moreno es la “ex cuñada” de Andrés Manuel López Obrador. No importa que ya no tenga relación con el hermano del candidato presidencial de Morena ni que éste se haya deslindado de ella desde 2016. Lo importante es el efecto propagandístico que se provoque con este anuncio mediático en una campaña en curso.

Ese tipo de fiscalías son las que podrán actuar, una vez que se confirme la desaparición del fuero, en contra de alcaldes, legisladores y gobernantes. ¿De verdad hay mucho que celebrar?

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