​La opacidad ha sido una de las más perniciosas constantes de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares al frente del Gobierno de Veracruz. 

Tanto así, que en más de una ocasión ha sido apremiado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que entregue información que debería ser pública, pero que se niega a entregar a los ciudadanos que las solicitan al filo de hacerse acreedor a una sanción.

Este jueves, el periódico La Jornada Veracruz publicó una nota del reportero Jair García en la que se da cuenta de un adeudo de la administración estatal que no era conocido por la opinión pública, y cuyo monto asciende a 621 millones 862 mil 178 pesos.

El reporte de este pasivo sí es público y se encuentra disponible en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el apartado denominado “Listado de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios inscritas en el Registro Público Único con sus principales características, actualizable en cada ocasión en que se inscribe o cancela un Financiamiento u Obligación”.

El documento en cuestión confirma los datos presentados por el diario. El plazo pactado para el pago del adeudo de más de 600 millones de pesos es de 180 meses y su fecha de vencimiento es el 28 de septiembre de 2032. Dentro de 14 años. Se trata de una deuda transexenal de la que nadie sabía nada. Más que quienes operaron su contratación.

Las fuentes de pago de este pasivo son el Fondo General de Participaciones (FGP) y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM), cuyo porcentaje afectado para cumplir con las obligaciones de pago es de 19 por ciento, a una tasa efectiva de 14.46 por ciento.

Hasta ahí, ya bastante criticable resulta el hecho de haber contraído una deuda a espaldas de los veracruzanos, misma que no se terminará de pagar en este periodo de gobierno. Contrario a las promesas de Yunes Linares de liquidar todos sus compromisos financieros antes de dejar el poder.

Pero lo que podría llevar este tema a otro nivel es que el acreedor es una empresa denominada Wardenclyffe Veracruz Puerto S.A.P.I. de C.V., de la cual no existe rastro alguno. No sólo sobre el servicio que esté prestando en Veracruz, sino ni siquiera sobre su existencia misma. Lo que hace presuponer que podría tratarse de una empresa fantasma como las que acostumbraba utilizar el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y que es, hoy por hoy, la principal razón por la que se encuentra preso.

La operación con Wardenclyffe Veracruz Puerto fue reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la figura de una asociación público-privada –que se presta para hacer pingües y opacos negocios a través de obra y contratos públicos- para llevar a cabo una inversión pública productiva, de la que no se tiene idea cuál pueda ser.

Tanto el gobierno estatal como el Congreso del Estado tienen la obligación de dar explicaciones y transparentar esta operación que implica afectar recursos de todos los veracruzanos por los próximos tres lustros para obras difusas, y a través de una empresa de la que no se tiene certeza sobre su existencia.

Aunque la clave está en el mismo documento de la Secretaría de Hacienda. El que en realidad aparece como deudor u obligado no es el Gobierno del Estado, sino el Ayuntamiento de Veracruz, que al momento de la contratación, el 29 de septiembre de 2017, aún era encabezado por el “priista” Ramón Poo Gil, y que actualmente es presidido por el hijo menor del gobernador saliente, Fernando Yunes Márquez.

A ver si no resulta que la dirección de Wardenclyffe Veracruz Puerto está por los rumbos de El Estero.

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