​La exoneración de la profesora Elba Esther Gordillo Morales de todos los cargos por los que estuvo privada de la libertad durante el sexenio que está por concluir, detonó una fuerte polémica en varias vertientes. En particular, sobre la autoría real de la decisión y lo que implicará para la política educativa del país.

Nadie podrá negar que así como la detención de Gordillo obedeció a una decisión política por haber desafiado al presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su gobierno, al oponerse abiertamente a la llamada reforma educativa, la dispensa de los cargos por lavado de dinero y delincuencia organizada, por los que estuvo primero recluida en una cárcel de Tepepan y luego en prisión domiciliaria, tiene la misma lógica política.

Dicha lógica responde a la debacle de un mandatario saliente que está consciente de su situación y por ende, también está dispuesto a pactar lo que sea para buscar salvarse de una persecución judicial en el sexenio que iniciará en unos meses. Y los únicos pactos que le sirven ahora son los que pueda hacer con quien formalmente lo sucederá en el cargo el 1 de diciembre, pero que en los hechos ya toma decisiones de gobierno: Andrés Manuel López Obrador.

Los más fervientes simpatizantes del movimiento que encabeza López Obrador rechazan tajantemente que hubiera acuerdo político alguno con la maestra Elba Esther Gordillo que llevara al Presidente electo de México a pactar su exoneración con el gobierno saliente. Sin embargo, las evidencias de ello son varias.

El acercamiento entre el lopezobradorismo y el elbismo se gestó durante la campaña por la gubernatura del Estado de México el año pasado. Fue entonces que algunos de los principales operadores de Gordillo, como su yerno Fernando González Sánchez –ex subsecretario de Educación Básica del sexenio de Felipe Calderón- y su brazo derecho, Rafael Ochoa Guzmán –ex secretario general del SNTE-, se acercaron a Morena y trabajaron en favor de la candidata a gobernadora, Delfina Gómez, quien estuvo cerca de ganar esos comicios.

Ya durante el proceso electoral para la sucesión presidencial, estos mismos personajes anunciaron su adhesión al proyecto de López Obrador, junto con el yerno de Gordillo, René Fujiwara Montelongo. En estados como el de Veracruz, la estructura magisterial y política afín al elbismo también se incorporó de manera abierta y pública a la operación en favor de los candidatos de Morena, comandados por el propio Rafael Ochoa –quien dirige las Redes Sociales Progresistas Magisteriales- y su hija Zaira Ochoa Valdivia, ex presidenta municipal de Huatusco. Y en política, no hay casualidades.

Con la “reivindicación” judicial de Elba Esther, viene ahora su retorno a la arena política. No es coincidencia tampoco que en los últimos días se haya lanzado una campaña en redes sociales pidiendo el retorno de la maestra a la dirigencia nacional del SNTE, lo cual sólo podría concretarse –en su persona o a través de alguno de sus allegados- con la venia del próximo Presidente, con quien comparte además el objetivo de echar abajo la reforma educativa del peñismo.

En la elección de 2006, López Obrador rechazó trabar la alianza que Gordillo Morales le ofreció, quien buscó entonces al panista Felipe Calderón, que sí aceptó la oferta. Todos recordamos el resultado de aquella elección. ¿Por qué ahora Andrés Manuel habría accedido?

Por las mismas razones por las que se alió con el conservadurismo y la ultraderecha a través del Partido Encuentro Social y de personajes como Manuel Espino y Germán Martínez, entre otros muchos que dieron el salto a su movimiento: para ganar la elección.

La silla tiene un precio. Y quedó claro desde hace bastante que está dispuesto a pagarlo. Política real, le llaman.

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