​Un día antes de la entrada en funciones de la nueva Legislatura al Congreso de la Unión, fueron declaradas oficialmente muertas dos alianzas políticas entre partidos.

La ruptura que resultaba obvia y se veía venir incluso antes de las elecciones del pasado 1 de julio era la del PAN y el PRD, junto con su coaligado de última hora, Movimiento Ciudadano.

La alianza entre el partido más tradicional de la derecha mexicana con el que alguna vez fue emblema de la izquierda democrática, siempre recibió agrias críticas por su incongruencia de origen, ante la clara contraposición ideológica –al menos en el papel- entre ambas fuerzas políticas.

Sin embargo, en términos de resultados electorales, a ambos les había resultado muy provechosa su unión. Tan sólo en el año 2016, gracias a su coalición ganaron gubernaturas como las de Quintana Roo y Veracruz, algo impensable menos de tres años antes, lo que auguraba posibilidades de ser competitiva para la sucesión presidencial de 2018.

Pero con todo y el éxito electoral, la preeminencia del PAN en casi todas las candidaturas importantes y por ende, en los espacios de toma de decisiones, comenzó a hacer mella entre los perredistas, cuya ambición por obtener mucho más que las migajas que les daban en materia de cargos hizo que voltearan la mirada hacia Morena, partido que experimentaba un crecimiento arrollador por cuenta propia, sin necesidad de ceder parcelas de poder, sino todo lo contrario. Comenzó entonces un éxodo de perredistas que terminaría dejando hueco al PRD, como un inservible cascarón.

La conformación del “Frente por México” y luego de la coalición electoral “Por México al Frente”, terminó por dinamitar el acuerdo pan-perredista, pues sus objetivos se redujeron a impulsar las ambiciones de los dos dirigentes de esos partidos, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales, para ser candidatos a la Presidencia y a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, respectivamente. La ecuación terminó de descomponerse con la inclusión de Movimiento Ciudadano, que absolutamente nada le aportó a la alianza, y cuyo cometido era simplemente meter al Senado de la República a su dueño, Dante Delgado Rannauro. 

El final de esa historia es conocido: un rotundo fracaso en campaña y en las elecciones. Acción Nacional está a un tris de sufrir la fractura más importante de su historia en la rebatinga por el control de ese partido. El PRD quedó reducido a su más mísera expresión, manteniendo su registro por obra y gracia de las autoridades electorales y con amplias posibilidades de desaparecer de manera vergonzante dentro de tres años. El único “ganón” fue, como referíamos, Movimiento Ciudadano, pues de ser prácticamente nada, por lo menos aseguró tres años más de vida con cargo al erario y cómodas curules en ambas cámaras.

Si la historia de esta alianza es de tragicomedia, la del PRI con el PVEM es de horror. Luego de dos décadas como sanguijuela, viviendo a costa del tricolor, este martes el coordinador de los diputados federales del Partido Verde, Arturo Escobar –quien en 2015 tuvo que dejar su cargo como subsecretario de Participación Ciudadana en la Segob, al ser acusado de cometer delitos electorales- anunció que finalizaba su alianza con el Revolucionario Institucional y que a partir de ahora serán “absolutamente independientes”. Claro, no sin antes acotar que “construirán mayorías” legislativas con el partido en el gobierno. Convenencieros y rastreros como siempre y, por lo visto, hasta la muerte.

Las alianzas político-electorales son una figura que en países con una cultura democrática avanzada sirven para brindar gobernabilidad, establecer acuerdos que hagan funcionar a las instituciones y, en consecuencia, hacer crecer esas naciones.

Pero en México sólo han servido para mantener a una partidocracia voraz y repugnante que ningún beneficio le reporta al país, proveyendo espacios y privilegios para una clase gobernante que brinca de un cargo a otro mientras se pueda mantener en pie. E incluso, literalmente hasta su último suspiro.

Y no se ve que eso vaya a cambiar un ápice.

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