​La principal -y quizá única- bandera que Miguel Ángel Yunes Linares ha ondeado hasta el hartazgo durante su corta administración al frente del Gobierno de Veracruz, ha sido la de la persecución judicial de ex funcionarios de la administración de Javier Duarte de Ochoa.

Incluso, para la publicidad de su primer informe de gobierno, y ante la ausencia de cualquier otro logro, Yunes Linares mandó colocar espectaculares en los que se adjudicaba la aprehensión de Duarte, aún a sabiendas de que su antecesor fue detenido por la Procuraduría General de la República por los delitos federales que entonces se le imputaron. Pero para términos de propaganda, se colgó por igual la “medalla”.

Lo que sí hizo su administración fue perseguir, detener y encarcelar a algunos ex funcionarios del pasado gobierno, cumpliendo a medias con su promesa de campaña de llevar ante los tribunales a quienes saquearon sin piedad las arcas veracruzanas.

Y decimos a medias porque a pesar de que contaba con elementos para proceder penalmente contra varios más de los integrantes de la pandilla duartista, el gobierno yunista cayó en una omisión cómplice con la mayoría de ellos, pues prefirió negociar su impunidad a cambio de información, dinero, propiedades y favores políticos, en aras de beneficiar la fallida pretensión de imponer a su hijo como su sucesor.

Sin embargo, los casos en los que sí se determinó a ejercer acción penal penden de un hilo, debido a la pésima actuación de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial estatal, cuyo deficiente trabajo está cayendo por su propio peso. Junto con las carpetas de investigación.

Violaciones sistemáticas al debido proceso y a la presunción de inocencia, expedientes mal integrados, delitos apenas sostenidos con pruebas fehacientes, decisiones dolosas de parte de los jueces, tienen a la gran mayoría de los ex funcionarios duartistas encarcelados con un pie en la calle. No porque sean inocentes, sino porque sus casos se caen solos.

Para muestra, la reciente determinación de un juez de retirarle al ex secretario de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez Zurita, la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito. Precisamente porque según el criterio del enjuiciador, se violaron los derechos humanos y la presunción de inocencia del imputado, que a pesar de ello no podrá salir de prisión debido a que enfrenta varios cargos más. Al menos, no todavía.

Pero si se revisa cómo se han llevado a cabo las detenciones y vinculaciones a proceso de prácticamente todos los duartistas encarcelados, nos encontramos con que adolecen de los mismos vicios, por lo que sería solamente cuestión de tiempo para que obtengan su libertad y, como si nada hubiera pasado, varios de ellos se vayan a disfrutar de las inmensas fortunas amasadas a su paso por el gobierno veracruzano.

La gran tara de origen es que la intención del yunismo nunca fue hacer verdadera justicia –de haber sido así, no habría “transado” con algunos de los sátrapas- sino sacar ventaja política, dando como resultado procesos judiciales débiles, sostenidos por alfileres y que, más temprano que tarde, van a derrumbarse, para mayor agravio de todos los veracruzanos, víctimas de una burla más.

Y para escarnio de Yunes, de su fiscal y su presidente del Tribunal Superior de Justicia. Soez epitafio de un bienio ido al basurero.

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