​El “hallazgo” de “nuevas” fosas clandestinas con restos humanos en su interior es una prueba más del interminable horror que se arrastra en Veracruz desde hace años y que los sucesivos gobiernos ocultaron, promovieron o soslayaron. Pero que jamás ignoraron.

Las 32 fosas con por los menos 166 cráneos que la semana pasada la Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó haber encontrado en un paraje de la zona central de la entidad –que después se ubicó cerca del municipio de Alvarado- representan la confirmación de la gravísima descomposición a la que se llegó en estas tierras, con la complacencia y/o complicidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno, que desde hace años conocían esta situación, pero que nunca quisieron hacer nada.

Junto con el crimen organizado, la responsabilidad de los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa en esta verdadera carnicería es irrebatible. Fue durante sus sexenios cuando la violencia se apoderó de la vida cotidiana en todo el territorio veracruzano. El primero le decía a quienes pedían auxilio del Estado que pagaran lo que les pedían los criminales. El segundo se reía en la cara de las madres que le suplicaban ayuda para encontrar a sus hijos. Merecerían un castigo ejemplar, que está lejos de hacerse realidad.

Sin embargo, no son los únicos que tendrían que ser llamados a cuentas. Las dos últimas administraciones federales, las del panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, tampoco hicieron nada por detener la barbarie que sucedía ante los ojos de todos en el estado de Veracruz. Por lo menos por omisión, son tan culpables como Herrera y Duarte por el abandono de una sociedad que quedó indefensa ante los criminales.

Pero el gobierno que en Veracruz sucedió a los priistas tampoco se escapa de la responsabilidad ni está libre de culpa. La frivolidad fue la nota constante del tratamiento que la administración de Miguel Ángel Yunes Linares dio a un tema que quién sabe por qué causa no es un escándalo mundial. Su única intención fue siempre manipular el dolor de los familiares de personas desaparecidas para usarlo en su propio provecho, con miras políticas, con una total ausencia de sensibilidad y un desprecio por las víctimas tan grande y soez como el que les profesaba Javier Duarte, mismo que apenas si podían disimular.

El anuncio de este supuestamente “nuevo” hallazgo se inscribe dentro de los mismos patrones de conducta. Durante los últimos años, los colectivos de búsqueda de desaparecidos no han parado de señalar indicios sobre la ubicación de cementerios clandestinos, que han ubicado gracias a sus propias investigaciones, hechas con sus recursos y sin la ayuda de un gobierno que, por el contrario, hostigó estos dos años a los organismos que no se dejaban cooptar y se negaron a convertirse en “paleros” del yunismo.

Por ello es que tras el anuncio mediático de las nuevas fosas, los colectivos rechazaron las fanfarrias que se mandó tocar el fiscal Jorge Winckler Ortiz, al que acusaron de actuar, otra vez, sin tomar en cuenta a las familias de personas desaparecidas, violando los protocolos de notificación y de nueva cuenta pretendiendo politizar lo que representa una verdadera emergencia humanitaria, al afirmar que las fosas datan de hace más de dos años, sin aclarar cuál fue el proceso para determinar cuánto tiempo llevaban los restos sepultados en ese lugar, lo que hace sospechar que las fosas fueron ubicadas mucho antes de que se les diera a conocer a los medios de comunicación y a la sociedad.

La desaparición forzada de personas y la inhumación masiva de cadáveres son sin lugar a dudas los fenómenos de violencia más graves que han azotado a Veracruz en las últimas décadas. Un terror que no parece tener fin. Porque aún hay muchísimos clamores de justicia que resuenan desde debajo de la tierra.

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