​De la duda razonable, en Veracruz se ha pasado a la fundada sospecha de que algo muy grande o verdaderamente terrible oculta el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en las fosas clandestinas con restos humanos cuyo hallazgo ha admitido sólo recientemente, pero que se niega a ubicar con claridad.

La actitud opaca y abiertamente coercitiva de la Fiscalía General del Estado así lo indicaría. Pues resulta inexplicable que a estas alturas sigan obstaculizando a como dé lugar el paso de los colectivos de familiares de personas desaparecidas a los parajes donde se realizan las investigaciones y se sabe que se han encontrado cementerios clandestinos.

Es el caso del lugar conocido como Arbolillo, en el municipio de Alvarado. Aunque el gobierno lo niega, los colectivos de desaparecidos aseguran que es ahí donde se encuentran las fosas con más de 170 cráneos y miles de fragmentos de restos humanos que causaron pasmo y horror a nivel mundial tras el anuncio de su localización en días pasados.

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su fiscal Jorge Winckler Ortiz juran que no fue ahí donde encontraron las fosas, según ellos, hace un mes. Pero también se niegan a proporcionar la ubicación exacta que dicen que tienen, lo que genera todavía más desconfianza.

Y las dudas se agigantan por el rechazo del gobierno a permitir a los familiares de las víctimas –que de manera indirecta también son agraviados, no son terceros extraños- participar en las labores de búsqueda e identificación. Este mismo lunes, la policía estatal impidió el paso a integrantes del Colectivo Solecito que se presentaron en el predio de Arbolillo para atestiguar los trabajos que supuestamente realiza ahí la Fiscalía General del Estado.

Casi al mismo tiempo, en la capital de Veracruz el fiscal Jorge Winckler declaraba que solamente hasta que se identifican los restos de una persona a través de la concordancia genética es que se da aviso a los familiares, pero que en tanto eso sucede, “la Fiscalía no tiene que estar avisando de las investigaciones que se hagan, por la secrecía y la celeridad”.

Sólo que la Ley General de Víctimas dice otra cosa. En su artículo 21 establece que “los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas”.

A su vez, el artículo 18 de la misma Ley General de Víctimas indica que “las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad”. Y el artículo 20 refrenda: “las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad histórica de los hechos”.

Al ocultar los detalles sobre lo que en realidad ha encontrado en las fosas –y que se presume serían restos de personas desaparecidas durante el actual periodo gubernamental-, el Gobierno de Veracruz violenta la legalidad, revictimiza a los familiares, les niega su derecho de acceso a la justicia y atenta contra los derechos de la sociedad toda. 

¿Qué ocultan Miguel Ángel Yunes Linares y Jorge Wincler Ortiz en Arbolillo? Los veracruzanos, y sobre todo los familiares de los miles de desaparecidos tenemos derecho a saberlo.

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