​Ante el evidente fracaso de su minigobierno de dos años, en los que salvo perseguir y encarcelar a algunos ex funcionarios duartistas, no cumplió prácticamente ninguna de sus promesas de campaña, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se ha ufanado que por lo menos, su administración no tiene señalamientos por actos de corrupción, a diferencia de las anteriores.

Pues esa versión de supuesto orden administrativo y disciplina financiera que difundió el gobierno yunista terminó por derrumbarse por completo, al darse a conocer este lunes los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2017, el primer año del bienio, practicada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

En el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, el Orfis detectó irregularidades graves en varias dependencias del gobierno de Yunes Linares. Particularmente en una que fue encabezada por una funcionaria que hoy es senadora de la República. Y aunque no tan escandalosamente, en otra que hasta ayer fue dirigida por un cacique político que ahora busca un cargo de corte partidista.

El informe determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 338 millones 274 mil 311.51 pesos en tres dependencias, 11 organismos públicos descentralizados y dos fideicomisos de la administración pública estatal.

Una de las dependencias señaladas es la Secretaría de Desarrollo Social, que presentó un presunto daño al erario del estado por cuatro millones 771 mil 574 pesos, mismo que fue detectado en el contrato no. SEDESOL-ADJ-010-2017, celebrado con la empresa D&P México Servicios Digitales S.A. de C.V., por concepto de Mantenimiento y Conservación de los Bienes Informáticos de los Programas Sociales del Estado de Veracruz.

La observación del Orfis abunda en la inconsistencia detectada: “el ente no proporcionó evidencia suficiente y competente de que se hayan prestado los servicios objeto del contrato (centro de datos, plataformas, seguridad, servidores, actualizaciones de software, respaldo y mesas de ayuda). Asimismo, por el monto adjudicado el proceso de contratación debió realizarse a través de Licitación Simplificada y no por Adjudicación Directa, toda vez que de las consultas realizadas al sistema CompraNet, existen otros proveedores que pudieron haber participado”. 

Hasta principios de este año, la Secretaría de Desarrollo Social estuvo a cargo de Indira Rosales San Román, hoy flamante senadora plurinominal del PAN y gente de la absoluta confianza de Miguel Ángel Yunes Linares. No por nada se le encomendó a ella la operación electorera de los programas sociales estatales, y como premio fue enviada a la Cámara alta, donde sigue defendiendo los intereses de su jefe. 

En la Sedarpa, que hasta este lunes dirigió Joaquín Guzmán Avilés –candidato a dirigente estatal del PAN y cacique de Tantoyuca-, se detectó un posible quebranto por 500 mil pesos, cuyo gasto en favor de la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro del Estado no comprobó ni justificó. Si bien el monto es menor, habla muy mal de quien busca dirigir a un partido tras 20 años de ejercer un férreo control político en la zona norte de Veracruz.

Asimismo, el Orfis reportó que en las secretarías de Desarrollo Social y de Infraestructura y Obras Públicas –esta última la encabezó el hoy también senador del PAN Julen Rementería-, así como en los Servicios de Salud de Veracruz y en el Instituto de Espacios Educativos “se determinaron observaciones administrativas que hacen presumir faltas graves”, mismas que será atendidas por el área de investigación del organismo que, en su caso, “promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios”.

La honestidad y el combate a la corrupción fueron las banderas enarboladas por Miguel Ángel Yunes Linares en su campaña para hacerse del poder. Pero una vez en éste, su gobierno demostró ser tan rapaz como los que lo antecedieron. Si no llegó a sus mismos niveles, fue porque no tuvo tanto tiempo. 

Y todavía falta la Cuenta Pública de 2018, la del año de la malograda campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez –en la que fue descarada la disposición de recursos públicos estatales-, y que será entregada y revisada por el siguiente gobierno. ¿Se invertirán los papeles de persecutores a perseguidos? Quién sabe. Con eso de las “amnistías”.

Pero corrupción es corrupción, sin importar si es mucha o poca. Y la del yunismo quedó exhibida. Su discurso es un mito.

​Incongruencias

Ante las críticas por la llamada “ley antimemes”, tanto Miguel Ángel Yunes como Cuitláhuac García difundieron en redes su oposición a la misma. El primero anunció que la vetará, y el segundo que solicitaría que la siguiente Legislatura la revise si se concluía su promulgación.

Lo que ninguno explicó es por qué, si de verdad la consideran lesiva –que lo es- los diputados locales de sus respectivos partidos, el PAN y Morena, la votaron a favor.

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