​A menos de dos meses de que concluya el sexenio, la Procuraduría General de la República decidió perseguir a ex funcionarios duartistas implicados en el desfalco de las arcas del estado de Veracruz entre 2010 y 2016.

El subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Vázquez, dio a conocer que se libraron 12 órdenes de aprehensión contra igual número de ex funcionarios de la anterior administración estatal de Veracruz por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Esto, derivado de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por desvío de recursos federales. Aunque el funcionario de la PGR no lo reconoció de esta forma, se trata de querellas que llevan años enlatadas, por lo menos desde 2014, pues el Ministerio Público federal nunca quiso proceder en contra de los duartistas, que gozaban para entonces de la protección política del entonces partido en el poder en Veracruz y a nivel nacional, el Revolucionario Institucional.

De manera inusitada y probablemente para intentar amainar el descrédito del sistema de justicia mexicano tras el fiasco en el juicio al propio Javier Duarte de Ochoa y la ridícula sentencia que le fue impuesta, la PGR decidió proceder por la vía penal en contra de ex funcionarios de aquella administración, mismos que, evidentemente, no se quedaron sentados a esperar que los arresten.

El subsecretario de la PGR no reveló la identidad de los ahora imputados y se concretó a decir que se trata de ex funcionarios que “tenían facultades para manejar los recursos provenientes de partidas federales” y que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación “fueron desviados sin que se pudiera acreditar su destino ni devolución”.

No hay que ser demasiado perspicaz para intuir de quienes se trata. Por principio de cuentas, el principal candidato a ser uno de los nuevos prófugos de la justicia federal es el ex tesorero estatal Tarek Abdalá Saad, pues por sus manos pasaron todos los movimientos irregulares de dinero de la pasada administración, además de que es público que fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación desde 2015.

Otros que estarían indiciados son el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, Edgar Spinoso Carrera, y el ex titular del área Adolfo Mota Hernández. No hay que olvidar que fue precisamente en la SEV donde la ASF detectó la mayor cantidad de desvíos de recursos provenientes de partidas federales durante el sexenio duartista, y por lo cual presentó sendas denuncias que fueron ignoradas por la PGR, como lo reconoció este jueves Felipe Muñoz Vázquez, quien admitió que a su llegada en 2016 a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales se encontró con que había carpetas de investigación sobre estas denuncias a las que no se les había hecho absolutamente nada. Ni siquiera estaban integradas. Mientras que otras estaban malhechas, muy posiblemente con toda intención.

Dos “candidatos” más a estar en la “lista negra” son los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, Jorge Carvallo Delfín y Alberto Silva Ramos, que manejaron de manera electorera el fracasado programa social estrella del duartismo, “Adelante”, y que también tuvieron en sus manos carretadas de dinero proveniente de partidas federales.

Todos los antes mencionados fueron diputados federales del PRI -y Spinoso del PVEM- hasta el pasado 30 de agosto. Ya no habría impedimento alguno para actuar en su contra, pues se les terminó el fuero constitucional que les permitió burlar la ley durante los últimos años.

Sin embargo, varios enterados afirman que estos “pájaros de cuenta” ya “volaron”, y ubican a Tarek Abdalá en Nueva York, protegido además por su doble nacionalidad norteamericana; Adolfo Mota estaría en Canadá, mientras que Alberto Silva se habría refugiado en Cuba, con cuyo gobierno mantiene vínculos desde hace unos 15 años.

Así que la paquidérmica actuación de la PGR podría ya no servir para maldita la cosa. Ni ahora, y probablemente mucho menos después del 1 de diciembre.

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