Más allá de desfiguros como el de un diputado que creyendo estaba en una cantina llevó mariachis a la sesión de instalación del nuevo Congreso veracruzano, la LXV Legislatura del Estado inició sus funciones con malas señales sobre lo que será su comportamiento y la manera en la que tomen decisiones políticas.
Ensoberbecidos por su mayoría legislativa, los diputados locales de Morena y partidos aliados comenzaron por repartirse entre ellos el “pastel” en el Congreso y se apoderaron de la Mesa Directiva, dejando fuera al PAN pese a ser la segunda fuerza política en el Poder Legislativo.
La excusa fue que en la anterior Legislatura los panistas hicieron exactamente lo mismo y excluyeron a Morena de los órganos de toma de decisión del Congreso, pese a haber sido también la segunda fuerza. Si bien esto es cierto, también es un hecho que, como ha venido quedando de manifiesto en otros episodios recientes, eso que con el nuevo régimen iban a cambiar las prácticas se está quedando en el puro discurso.
La integración de la Mesa Directiva también habla por sí misma. En la Presidencia fue colocado José Manuel Pozos Castro, ex priista y ex panista que llegó al Congreso del Estado bajo las siglas del Partido del Trabajo, y que en su primer día como diputado local anunció que se integraba a la bancada de Morena. La congruencia política, como resulta evidente, no es lo suyo. Sí en cambio, una actitud abiertamente convenenciera que no encaja con la solvencia moral y política que debería tener quien lleva la representación del Poder Legislativo del estado.
En la vicepresidencia de la Mesa fue nombrado Alexis Sánchez Castro, diputado por Zongolica de Movimiento Ciudadano, partido que ya dejó atrás su fallida alianza con el PAN y busca regresar, cual hijo pródigo, al seno del lopezobradorismo, y cuyas señales de “buena voluntad” estarían siendo premiadas con una posición que no se corresponde con lo obtenido en las urnas el pasado 1 de julio.
En la secretaría de ese órgano fue designado el diputado plurinominal del PRI Jorge Moreno Salinas, quien representa los intereses del ex candidato a gobernador y actual diputado federal priista Héctor Yunes Landa, que estuvo presente durante la sesión de instalación para “couchear” a su hija, Andrea Yunes Yunes, diputada por el Partido Verde, franquicia que en Veracruz sigue siendo “regenteada” desde su silla de ruedas en la Ciudad de México por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Pero no sólo el perfil de quienes son los personajes que integran la Mesa Directiva dice mucho sobre el derrotero que puede seguir la LXV Legislatura del Estado, sino también un hecho vergonzoso: pese a ser la primera vez que el Congreso de Veracruz es integrado de manera paritaria por 25 mujeres y 25 hombres, en su órgano de dirección y representación legislativa no fue incluida una sola mujer. Las fuerzas dominantes en el Poder Legislativo las dejaron fuera a pesar de que se dicen supuestamente progresistas, incluyentes y de “izquierda”. Habrá que estar atentos a la integración de las comisiones para saber si se mantiene la misma propensión a lo que sin dudas implica una regresión.
Lo que resulta muy claro es que nos espera otro Congreso folklórico, cuyo nivel no se aprecia que vaya a ir, con suerte, más allá de la medianía, y en la que la consigna es la misma que en el pasado: tomar por asalto el botín legislativo.
Herebia, fuera
La inédita megamarcha que este lunes protagonizó la sociedad orizabeña en protesta por el asesinato a mansalva de los hermanos Ernesto y Román Pérez González a manos de policías municipales, obligó al presidente municipal de esa ciudad, Igor Rojí, a destituir –a regañadientes- a Juan Ramón Herebia como director de Gobernación del Ayuntamiento.
Y decimos que a regañadientes, porque el fin de semana lo acompañó durante una rueda de prensa en el que el hoy ex funcionario anunció que solicitaba “licencia” por 90 días en lo que las investigaciones se llevan a cabo y arremetió con violencia verbal contra sus críticos. Es obvio que no se pretendía ir.
Pero la responsabilidad que se le señala a Herebia en éste y otros crímenes perpetrados por la policía orizabeña desde hace varios años no puede quedar saldada con su mero despido. Si Rojí quiere salvar su gobierno, debería actuar en consecuencia.
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