​Si un término puede definir de manera global y certera las manifestaciones sociales de este fin de semana en torno de la asunción del nuevo régimen político en México, es el de la esperanza.

Eso es lo que se percibió en las calles, en las redes sociales y hasta en algunos realineados medios de comunicación: una enorme esperanza en que a partir de la figura y decisiones de un solo hombre, el país cambie. Sin duda, un sentimiento legítimo de quienes depositaron su confianza en la opción política que abandera ese anhelo.

Pero en política, la esperanza es un insumo demasiado volátil, que puede esfumarse con facilidad cuando se topa de frente con la realidad, por buenas que sean las intenciones que se tengan. Más aún cuando, como en este caso, el rasero que los nuevos gobernantes se pusieron a sí mismos es de una altura gigantesca.

Si a nivel federal será una tarea titánica cumplir las promesas y cubrir todas las expectativas generadas alrededor de la figura del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz, donde la violencia y la crisis económica han golpeado duramente a la población desde hace varios años, el escenario no es diferente.

El nuevo gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, inició su administración con una apuesta de la que será muy complicado salir bien librado, por la complejidad misma del fenómeno: la atención al tema de los miles de desaparecidos en Veracruz.

Su primer acto de gobierno fue la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, con la cual el nuevo mandatario estatal asumió varios compromisos, como la dotación de mayores recursos para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).

También se comprometió a la creación de un instituto forense y de procesamiento de restos humanos y de la Policía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, así como a la puesta en marcha de un programa estatal integral de medidas de prevención en materia de desaparición de personas y la conversión de la Dirección General de Desarrollo Político en Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos.

El tema amerita que se le dé este nivel de primacía, indudablemente. Desde hace varios años Veracruz sufre una verdadera crisis humanitaria en esta materia, provocada durante los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, y soslayada durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. Que Cuitláhuac García Jiménez haya decidido arrancar su gobierno atendiendo prioritariamente este problema es una buena señal. Pero entraña un enorme riesgo también.

En su toma de posesión, García Jiménez manifestó a los familiares de personas desaparecidas que “ahí donde hay dolor, hoy se fortalece la esperanza de la verdad; ahí donde quiere habitar la tristeza para siempre, hoy nace una nueva luz por quienes físicamente no están; no estemos sólo tristes por su desaparición, no olvidemos que el cobijo de su amor los hace presentes. También abriguemos la esperanza, porque los vamos a buscar hasta encontrarlos”.

Asegurar que se encontrará a todos los desaparecidos alimenta la llama de la esperanza entre quienes llevan años buscándolos, pero implica un compromiso que quién sabe si el nuevo gobierno pueda llegar a cumplir a cabalidad. El tiempo transcurrido desde la desaparición forzada, los métodos usados por los criminales para borrar todo indicio físico de sus víctimas y los yerros y omisiones cometidos en las investigaciones pueden llegar a ser obstáculos insalvables.

Sin embargo, Cuitláhuac García decidió apostarle al tema de los desaparecidos el capital político con el que comienza su administración. Y para ello recibió el respaldo explícito del presidente López Obrador durante su visita a Xalapa de este domingo. “Los vamos a encontrar”, dijo el mandatario nacional.

La vara que ambos se pusieron para medirse como gobernantes es altísima. Y la esperanza suele convertirse en decepción en un santiamén.

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