​La segunda semana de la llamada “cuarta transformación” termina en medio de escaramuzas en las que se ha puesto en jaque la viabilidad institucional y financiera del país por malas decisiones, legislaciones erráticas e intentonas disfrazadas de “errores” que encierran objetivos menos nobles de lo que se admite.

El entuerto en el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se metió solo por la cancelación –aún no oficial- de la construcción del aeropuerto de Texcoco ha puesto contra la pared al régimen. Luego del rechazo de los inversionistas a su oferta inicial de compra de bonos del NAIM, el Gobierno de la República ha tenido que mejorar las condiciones –o sea, el precio a pagar- por dichos bonos, lo cual además de resultar un contrasentido pues aumentará la erogación por una obra que no se pretende hacer, terminará cargándose al costo de los boletos de avión de los usuarios de la actual terminal aérea de la Ciudad de México. 

Lo peor de todo es que el Gobierno Federal podría terminar pagando mucho más por no construir el aeropuerto de Texcoco buscando evitar que el incumplimiento reviente las finanzas del país ante las eventuales demandas de los inversionistas, que si siguiera adelante con el proyecto revisando escrupulosamente los contratos y corrigiendo los actos de corrupción que encontrase. Máxime que, como reconoció el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, el plan de habilitar la base militar de Santa Lucía como terminal alterna podría ser cancelado. Lo cual, valga apuntar, es lo más probable.

No fue éste el único traspié del lopezobradorismo. Mientras sus huestes promueven un golpe al Poder Judicial bajo el falso debate de la austeridad salarial, en la Cámara de Diputados la mayoría de Morena y aliados aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en la que deliberadamente se omitió garantizar la autonomía de este organismo respecto del Ejecutivo, ya que no se incluirá este precepto en la Constitución, como lo solicitaban varios organismos ciudadanos. 

Además, el Presidente tendrá la facultad de enviar la terna de donde el Congreso “escogerá” al nuevo encargado de la procuración de justicia del país, el cual contará prácticamente con las mismas atribuciones que las de quien ocupará el cargo de Coordinador General de la FGR. Con la salvedad de que éste último funcionario no será nombrado ni rendirá cuentas al Poder Legislativo.

Por si no bastase, en la nueva Ley de la FGE se suprimen las fiscalías especializadas en materia de delitos cometidos contra las mujeres, el secuestro, la trata de personas y la delincuencia organizada. Un total despropósito que implica, más que un mero cambio de nombre en este organismo, un notable retroceso en la materia.

La cereza del pastel fue la revocación de la reforma educativa peñista, para lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó y envió al Congreso un decreto de reforma a los artículos 3, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual traía escondida una bomba.

En el documento remitido originalmente a la Cámara de Diputados se eliminó por completo la fracción VII del artículo 3ero, cuyo texto establece que “las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere”.

En los hechos, se borraba de un plumazo la autonomía de las instituciones públicas de educación superior. Y fueron de tal magnitud las reacciones y expresiones de protesta registradas por la noche del pasado miércoles, que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, tuvo que salir a decir que se trató de un “error de captura” y que enviaría una fe de erratas para corregir el texto.

Pero la respuesta dada por el presidente López Obrador al ser cuestionado al respecto la mañana del jueves, dio a entender otra cosa: “para que no se use de pretexto o de excusa y se quiera combatir nuestra iniciativa, si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía”. Como si fuera un favor.

Y todavía faltan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Sin embargo, las señales son claras. Quieren el poder absoluto. 

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