​La disputa entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Veracruz con la Fiscalía General que encabeza el yunista Jorge Winckler Ortiz, mantiene entrampadas a las instituciones de la entidad mientras la inseguridad y la violencia se enseñorean en territorio veracruzano.

Winckler se ha atrincherado en la Fiscalía con argumentos que si bien son legalmente válidos –fue nombrado por el Congreso del Estado para un periodo de nueve años, de los cuales lleva solamente dos-, pretenden ignorar su inviabilidad política y ética. 

Su designación fue operada por la anterior administración, que encabezaba Miguel Ángel Yunes Linares, de quien el fiscal jamás se preocupó de ser autónomo y que, igual como ahora, presionó la salida de esa oficina de Luis Ángel Bravo Contreras, quien también había sido nombrado por el Congreso local para estar en el cargo durante nueve años. 

Durante el bienio yunista, Jorge Winckler se comportó como el abogado personal del titular del Ejecutivo y, más específicamente, como el ejecutor de sus venganzas personales, lo que provocó que se abrieran procesos legales al vapor contra ex funcionarios duartistas, mismos que han venido cayéndose. No porque los imputados fueran inocentes, sino porque las carpetas de investigación no se integraron adecuadamente o porque se incurrió en abusos que terminaron por hacer insostenible su estancia en prisión.

Su actuación al frente de la Fiscalía ha sido desastrosa en prácticamente todos los órdenes. Ocultó información sobre desapariciones, feminicidios, violencia. Se comportó con absoluta frivolidad e indolencia, y se prestó para torcer la legalidad en varias ocasiones. Winckler no tiene credenciales de moralidad pública para aferrarse al puesto. Pero seguro que sí muchos intereses que salvaguardar. Por principio de cuentas, los de Yunes Linares para evitar ser investigado.

Sin embargo, la manera como el nuevo gobierno ha intentado sacar a Winckler de la Fiscalía ha sido un fiasco. Ni las bravuconadas del secretario de Gobierno Eric Cisneros, ni las denuncias en cascada por juicio político presentadas ante la Legislatura local, ni las “espontáneas” protestas afuera del edificio de la Fiscalía han movido al funcionario de su silla, a casi mes y medio de haber comenzado el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.

Incluso, la reforma al artículo 33 de la Constitución del Estado de Veracruz para darle facultades al Congreso de remover libremente al Fiscal General –que ya fue ratificada por 132 ayuntamientos, y solo le restaría ser votada de nuevo por los diputados locales en un nuevo periodo ordinario- no le sería aplicable a Winckler, pues el artículo 14 de la Constitución General de la República establece que “a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna” –sin excepciones-, y añade que nadie podrá ser privado de sus derechos “sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Pero en su prisa, el nuevo régimen morenista ha pretendido hacer lo mismo que hacía su antecesor yunista. Solo que sin contar con el mismo “colmillo” político.

El propio gobernador Cuitláhuac García se ha metido personalmente al diferendo, señalando directa y reiteradamente a Winckler e incluso ordenando que le sean retirados activos a la Fiscalía. Grave error, porque mientras no logren su cometido, los costos políticos serán para él.

Pero lo peor de todo es que los costos sociales de una Fiscalía acorralada y un gobierno visceral los asumimos todos los ciudadanos veracruzanos, mientras crisis como la de los feminicidios, los asaltos a mano armada, las ejecuciones, son desatendidas por todas las autoridades, más preocupadas por sus batallas políticas que por cumplir con sus responsabilidades.

Si el Fiscal se tiene que ir, que sea por la vía de la legalidad. Lo que es inadmisible es que los veracruzanos sigamos siendo rehenes de la grilla de los políticos.

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