​Desde que se anunció su construcción, la refinería Dos Bocas que se pretende levantar en Tabasco y que representa uno de los proyectos emblema de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ha estado envuelta en la polémica por el despropósito que constituye.

Por principio de cuentas, es la prueba fehaciente de que el gobierno lopezobradorista no solo no ve hacia el futuro ni contempla el uso de fuentes de energía limpia que en unos años reemplazarán inevitablemente al petróleo y otros  combustibles fósiles. Es también reflejo de su vocación cortoplacista de beneficio político a costa de lo que sea. Incluso, del medio ambiente y hasta de sus promesas de terminar con la corrupción.

La instalación de la refinería ya costó la devastación de manglares en un predio de más de 500 hectáreas en Paraíso, Tabasco, considerado además como reserva natural, lo que implicó que la empresa contratada para tal fin, SCCA, recibiera una multa de 13 millones 900 mil pesos por parte de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente de la Semarnat, ya que realizó el desmonte y la tala sin contar con estudios de impacto ambiental y sin autorización para el cambio de uso de suelo.

A pesar de lo anterior, a finales de enero el presidente López Obrador anunció que el proyecto continuaba tal como estaba planeado, pues su interés es que pueda estar concluido en tres años. “Coincidentemente”, cuando se celebren las elecciones federales intermedias y la consulta para su “revocación de mandato”.

Y vaya que tienen prisa. Este lunes 18 de marzo, la secretaria de Energía Rocío Nahle dio a conocer que ya tenían a las cuatro empresas a las que el Gobierno Federal invitará a participar, mediante el opaco procedimiento de licitación restringida, en la construcción de la obra que tendrá un costo estimado de ocho mil millones de dólares.

Se ha vuelto una perniciosa constante de la administración lopezobradorista evitar las licitaciones públicas y abiertas para la contratación de bienes y servicios. Lo hizo para adquirir las pipas con las que “atendió” el desabasto de combustible a principios de este mismo año. Y repitió la dosis al limitar a solo cuatro empresas la participación en el multimillonario proyecto de Dos Bocas.

Pero lo verdaderamente grave de este hecho es que todas las empresas “invitadas” por el gobierno mexicano han estado implicadas en escándalos de corrupción, lo que echa por tierra lo pretextado por Rocío Nahle para justificar la omisión en las licitaciones: “estamos evitando empresas internacionales que tengan antecedentes de corrupción”, aseguró.

Resulta que tanto las empresas Technip y KBR, así como los consorcios Bechtel-Techint y WorleyParsons-Jacobs han enfrentado acusaciones por sobornos y corrupción en operaciones realizadas en África, Sudamérica, Asia y Medio Oriente, recibiendo por esta causa vetos para contratarse con gobiernos, procesos judiciales y multas millonarias.

Una de esas empresas, Techint, es la matriz de TenarisTamsa, el complejo industrial más importante que opera en el estado de Veracruz y que, de por sí, tiene a Pemex entre sus clientes más importantes, pues la ex paraestatal le compra grandes cantidades de tubos de acero sin costura para sus operaciones de extracción y distribución de combustible. 

Pues el CEO de Techint, Paolo Rocca, fue procesado judicialmente por su presunta participación en una red de lavado de dinero y pago de sobornos a gobiernos como el de Cristina Kirchner en Argentina, país en el que tiene su sede este consorcio industrial.

La sola sombra de la sospecha de corrupción –que en estos casos específicos no es tal, sino una certeza pública- debería bastar para que el Gobierno de México se abstuviera de contratar a las cuatro firmas que escogió –sin dar una sola explicación de sus criterios- para realizar la refinería de Dos Bocas.

Pero por lo visto, para el gobierno de la “4T” hay corrupciones y corruptos “aceptables”. ¿Por qué o a cambio de qué?

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