​En medio de una severa crisis de seguridad en Veracruz que derivó también en una crisis de credibilidad y confianza en el gobierno estatal, la administración que encabeza Cuitláhuac García Jiménez decidió jugarse su resto contra un enemigo que, hasta ahora, ha sabido mover sus cartas con mucha mayor astucia.

Este martes, a nombre del Gobierno del Estado de Veracruz, los secretarios de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia por un presunto fraude en la instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

De acuerdo con lo informado oficialmente, entre las irregularidades detectadas se encuentra el hecho de que de las seis mil 324 cámaras instaladas en seis regiones de la entidad veracruzana en el pasado bienio, 72 por ciento, o sea cuatro mil 354 dispositivos, simplemente no funcionan, no sirven. Mientras que el resto, mil 695, operarían con deficiencias, según lo dado a conocer por el gobierno estatal morenista.

En la instalación de estas videocámaras el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se gastó mil 100 millones de pesos, de los cuales, afirman los denunciantes, 300 millones corresponderían a recursos federales, por lo cual sería procedente presentar la querella ante la FGR, habida cuenta que en Veracruz la Fiscalía local jamás procedería en contra del ex gobernador Yunes Linares, a quien está subordinada.

No es poca cosa el frente que está dispuesto a abrir el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en medio de la tormenta por la que de por sí atraviesa. El grupo yunista-panista ya le hizo morder el polvo una vez al evitar la destitución del fiscal Jorge Winckler Ortiz, gracias también –hay que decirlo- a la pésima operación del asunto tanto por parte del Congreso del Estado como desde la Secretaría de Gobierno, donde dieron muestras de una gigantesca torpeza política y jurídica. 

Y esto lleva a cuestionar qué tan bien fundamentada estará la denuncia presentada ante la FGR. Ha trascendido que por lo menos en una ocasión, la contralora general del estado, Leslie Garibo Puga, habría presentado su renuncia al cargo -que no le habría sido aceptada por el gobernador García Jiménez- debido a la intensa presión ejercida contra ella por Eric Cisneros. 

Según esto, el Secretario de Gobierno le habría exigido a la Contralora encontrar a como dé lugar –con todo lo que ello implica- irregularidades en la administración de Yunes Linares que permitan enderezar procesos penales en su contra, mismas que la funcionaria no habría podido integrar. No necesariamente porque no existan, pues algunas fueron demasiado evidentes, sino porque los que se fueron no dejaron rastro de sus maniobras.

Aunado a lo anterior, no hay que olvidar que la empresa contratada por la administración yunista para la instalación de las videocámaras y a la que también tendría que fincársele responsabilidad, Comtelsat –que en el año 2014 ya fue inhabilitada durante tres meses por parte de la Secretaría de la Función Pública para prestar servicios a la administración federal- es propiedad del empresario Manuel Arroyo Rodríguez, quien a su vez es dueño del periódico El Financiero. ¿Se atreverá el gobierno de Cuitláhuac García a ir a un pleito abierto con ese medio de comunicación? 

Lo más grave es que este anuncio más parecería una estrategia de contención luego del alud de críticas que el pasado lunes recibió el Gobierno de Veracruz en las redes sociales –donde fue trending topic nacional-, al consolidarse la entidad como la número uno del país en asesinatos de mujeres, con 74 en lo que va de 2019.

Ojalá que en el gobierno estatal tengan claro que una salida en falso en un asunto como éste, así como un nuevo fracaso judicial, serían letales. Aunque en palacio de gobierno parecen estar más ocupados por ir a bailar salsa a Boca del Río.

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