​La tragedia de este fin de semana en la ciudad de Minatitlán desnudó la pequeñez y mezquindad de las autoridades federales y estatales.

Ni una palabra de solidaridad con las víctimas le mereció la masacre de 14 personas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni en sus redes sociales, donde de las citas bíblicas pasó a los escupitajos verbales contra sus “adversarios”, ni en sus discursos y entrevistas en la ciudad de Veracruz, a donde acudió al acto protocolario por el 105 aniversario de la defensa del puerto.

Como siempre, el titular del Poder Ejecutivo federal buscó en el pasado las razones de la violencia que no ha sido capaz de contener y azota no solamente a Veracruz, sino al país entero. “Nos entregaron un país en crisis, un cochinero”, dijo López Obrador a su arribo a la entidad el pasado domingo, tras más de 30 horas de silencio absoluto sobre el tema.

“Todo esto es fruto podrido, se heredó de la aplicación de una política económica antipopular y entreguista. Lo único que les importaba era saquear. (…) Todavía tenemos que enfrentar esa herencia, ese cochinero, pero vamos a limpiar el país. Va a haber justicia, me canso ganso”, subrayó el presidente durante el acto oficial con la Marina. 

Sin duda, la inseguridad y la violencia no son fenómenos recientes. Son el resultado de varios años de colusión entre autoridades y delincuentes, de políticas públicas fallidas y erróneas –muy similares a las que el nuevo gobierno pondrá en operación-, y de una espiral de descomposición que ningún gobierno, de ningún nivel, se ocupó por atender. Eso es absolutamente cierto, y de ello tienen responsabilidad los gobernantes que han estado antes en esos cargos, del partido que fueren.

Empero, eso no exime ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni, en este caso particular, al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, de sus propias responsabilidades. Ni esconde una cada vez más evidente incapacidad. No solo para hacer frente a los problemas del país y del estado, sino para realizar un ejercicio mínimo de autocrítica acerca de lo que a todas luces se está haciendo mal.

Baste ver la respuesta en sus redes del gobernador veracruzano y de su secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, a la violencia en Minatitlán: en lugar de llamar a la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración e impartición de justicia, politizaron la desgracia para mantener vivo el pleito con el fiscal Jorge Winckler quien, guste o no, es quien está a cargo de ese organismo. Confrontación a la que se subió el propio López Obrador al criticar la filiación política del funcionario. Como si Veracruz estuviera para esas banalidades.

Por desgracia, lo único que están calculando –todos, pues los pan-yunistas y sus corifeos están en las mismas, lucrando con la tragedia- es la ganancia política. Los únicos daños que están buscando controlar son los que han recibido en términos de imagen tanto el gobernador García Jiménez como el presidente López Obrador, al acusar que la oleada de violencia es para “desestabilizar” a los gobiernos de la “cuarta transformación”. El dolor de la gente les importa un cacahuate. Lo que les preocupa es que disminuyan la popularidad y, por ende, el apoyo incondicional al régimen.

Tanto así, que el presidente aseguró este lunes desde Veracruz que en seis meses mejorarán las condiciones de seguridad en el país. ¿Cómo lo hará? ¡Fácil! Fortaleciendo los programas sociales –o sea, a través del clientelismo-, con la operación de la Guardia Nacional –militarizando la seguridad, estrategia que ha demostrado su ineficacia- y con “cero corrupción” en los gobiernos –aunque en el de Veracruz los “jerarcas” de la 4T tienen en nómina a montones de familiares-.

Ya sabemos cómo le fue al último que prometió acabar con la violencia en seis meses en Veracruz. Él solo, se puso la soga al cuello.

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