​Por más que en el gobierno juren que tienen “otros datos” –quién sabe cuáles-, los números oficiales de la violencia en México son contundentes y revelan el verdadero desempeño de las actuales administraciones, en los tres niveles de gobierno, respecto del combate a la inseguridad.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) –con todo y que coquetearon con la posibilidad de manipularlas-, entre los meses de enero y marzo de este año se registraron ocho mil 737 homicidios dolosos en el país. Un incremento de 8.9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018, que hasta ahora sigue siendo considerado como el año más violento de la historia reciente de México. Son las cifras duras.

Ante este escenario, sin embargo, la respuesta oficial ha sido enterrar la cabeza en la tierra. O peor aún, satanizar el trabajo del mensajero, el de los medios de comunicación que difunden esta información y cuestionan la manera en que las autoridades están enfrentando un problema que, aunque detesten que se les recuerde, ahora es su responsabilidad atender y resolver.

Nadie ha negado que desde hace casi 15 años el país está inmerso en una espiral de violencia casi incontrolable. Eso es un hecho que, valga decir, tampoco vinieron a “descubrir” los gobiernos de la llamada “cuarta transformación”. La incompetencia, la indolencia y hasta la colusión de autoridades anteriores, que han traído como consecuencia el baño de sangre que mantiene enlutado al país, han sido denunciadas siempre por diferentes medios. A varios periodistas les costó la vida hacerlo. 

No es pues mérito de ningún político, de ningún signo. Si alguno tuviesen, sería solamente el de aprovechar lo que desde entonces se señalaba para beneficiarse electoralmente. Como es el caso de los titulares de los gobiernos federal y estatal de Veracruz. 

Si por algo está en el poder Andrés Manuel López Obrador es precisamente porque la sociedad se hartó de quienes nunca se ocuparon por dar respuestas, de quienes se creían inalcanzables e incuestionables, de quienes usaron a la gente con el único propósito de enriquecerse junto con sus compinches mientras México se hundía. 

Los mexicanos, los veracruzanos, votaron por quienes prometieron cambiar el estado de las cosas. Por quienes aseguraron –y siguen prometiéndolo- que pacificarían al país, que terminarían con la violencia y la inseguridad que, efectivamente, lleva años lacerando a la gente. Sí, todos sabemos que esto no es nuevo.

Pero definitivamente por lo que nadie en su sano juicio votó –aunque habrá quienes digan que sí, que eso querían exactamente, mientras no dejan de aplaudir- es por autoridades que no asumen responsabilidad alguna, que para todo tienen una excusa, que ante los problemas de hoy inmediatamente culpan al pasado, al “cochinero” que les dejaron. ¡Cuando para lo que se les contrató era para que lo limpiaran, no para que dejaran que la podredumbre se expanda!

Los problemas de un país, de un estado, de un municipio, no se resuelven por decreto. Ni en seis meses. A veces ni en un sexenio completo. Sin duda. Aunque en campaña es muy atractivo prometer eso y más.

Lo que es inadmisible es que ante un escenario de emergencia como el que innegablemente se vive, un presidente intolerante salga con que la paz es exigida “básicamente” por aquellos a los que él llama “conservadores”, mientras se niega a solidarizarse con las víctimas porque rechaza que se las contabilicen. Lo que indigna es que un gobernador abrumado le responda a una periodista que qué bueno que no tiene su chamba, cuando fue él quien buscó dicha responsabilidad. Lo que ofende es que una senadora acuse a los medios de “magnificar el drama” de una masacre dantesca como la de Minatitlán, en lugar de llamar a cuentas a quienes debieron evitarla.

A anteriores gobiernos se les exigió y criticó sin cuartel, y quien diga lo contrario miente descaradamente. Y no es magnificar ningún “drama”. Solo visibilizar la incompetencia. Si no pueden con el paquete, ya saben lo que deberían hacer.

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