​La arbitraria ampliación del periodo de Jaime Bonilla como próximo gobernador de Baja California es insostenible, jurídica y políticamente.

La reforma al octavo transitorio de la Constitución de Baja California con la que se pretende ampliar de dos a cinco años el periodo del actual gobernador electo -bajo las siglas de Morena- es a todas luces inconstitucional, pues infringe los artículos 105 y 116 de la Carta Magna federal.

El numeral 105 en su fracción II establece claramente que “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. En este caso, se aprobó una modificación posterior a la elección cuyo resultado -ya votado por los electores- los diputados locales pretenden variar con dedicatoria y en beneficio de una persona en particular.

Asimismo, el artículo 116 constitucional en su fracción IV señala que “de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad”. Principios que se ven vulnerados al intentar desconocer el hecho de que los ciudadanos votaron por un gobernador para un periodo de solamente dos años.

En refuerzo de estos preceptos constitucionales, la Jurisprudencia 27/2002 “Derecho de votar y ser votado” puntualiza que el “derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó”.

La interpretación de los alcances jurídicos de este derecho también explica que “el derecho a votar y ser votado es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos”. Y sentencia: “su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo”.

O dicho en términos más llanos: el derecho a ser votado no solo implica que se vote por un candidato, sino que incluye el ejercicio del cargo. Y los bajacalifornianos votaron un gobernador para un bienio, no para un lustro. Modificar el periodo –y en consecuencia, el resultado de la elección- a posteriori constituye en sí mismo un fraude.

Si bien la argumentación legal para echar abajo esta intentona no tiene pierde, los costos políticos de no rectificar serían muy graves, como lo señaló de manera muy clara el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en su cuenta de Twitter, desnudando con elocuencia las intenciones aviesas de esta asonada.

“El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo. Bajacalifornianos y todo aquel con capacidad para protestar legalmente debe hacerlo y demandar a las autoridades, y al Congreso federal, sanción para diputados locales que votaron por la prolongación de mandato, así como la desaparición del Congreso local de Baja California”, acusó el ex líder de la izquierda partidista.

Y agregó una advertencia inobjetable: “aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República”, espetó Cárdenas.

No hay que ser brujo para saber a qué se refiere quien sí es un símbolo de la lucha democrática en este país. Si se deja pasar este acto de golpismo legislativo en Baja California se sentaría un siniestro precedente para que, en el corto plazo, se modifiquen a placer y conveniencia los periodos gubernamentales en las demás entidades de la República.

Y por supuesto, en la Presidencia de la República.

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