​“Cuando está de por medio la seguridad del Estado, 

no hay constituciones ni leyes que valgan una chingada”.

Miguel Nazar Haro, ex director de la DFS

Si algo ha sido duramente criticado entre los muchos desatinos cometidos por el régimen de la llamada “cuarta transformación” desde que tomaron las riendas del poder en México, es el fortalecimiento de los órganos oficiales del uso de la fuerza, lo cual a lo único que ha apuntado siempre en el pasado es a la represión de quienes considera los “enemigos” del Estado. No es ésta la excepción.

Contrario al discurso recurrente que por años enarboló el lopezobradorismo y sobre todo, contra lo prometido en campaña a millones de ciudadanos que creyeron en su movimiento, apenas llegó éste al poder lo primero que hizo fue elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad pública con la creación de la Guardia Nacional. Estrategia que ya probó su fracaso tanto para controlar a la delincuencia como para devolver la paz perdida al país.

Darle ese nivel de poder a las fuerzas castrenses –por mucho que aleguen que están bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana- implica severos riesgos para los derechos humanos y civiles. Aunque por lo que hemos visto, no para los de los delincuentes, contra quienes los soldados y policías tienen prohibido responder a una agresión o un ilícito en flagrancia –verbigracia, el caso Tlahuelilpan a principios de año-, sino para los de los ciudadanos de a pie que comienzan a ser objeto de vejaciones.

Por ejemplo, en la capital del estado de Veracruz cada vez hay más quejas acerca de los retenes que han instalado las fuerzas de la Guardia Nacional que, sin motivo alguno, realizan “cacheos” denigrantes contra hombres y mujeres que circulan ya sea de día o de noche por transitadas avenidas. Incluso, una profesora universitaria fue despojada de su vehículo, golpeada, robadas sus pertenencias y dinero y detenida por varias horas con el pretexto de un supuesto estado de ebriedad. Nadie ha sido llamado a cuentas por esta arbitrariedad, que fue denunciada por la vía penal y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Si esto pasa en una entidad como la veracruzana, puede usted imaginar lo que sucederá en el estado de Tabasco, donde el gobierno del morenista Adán Augusto López Hernández –con el beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador- impulsó –y logró que se aprobara- una ley que criminaliza la protesta pública, en estos términos: “al que extorsione o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas se le impondrá prisión de seis a 13 años de cárcel”. 

¿Cuántos años habría pasado tras las rejas el actual titular del Ejecutivo federal, quien tomó en cuatro ocasiones instalaciones petroleras en esa entidad, de haber sido vigente esta ley en aquel tiempo en Tabasco? ¿O por el plantón de 2006 en la avenida Reforma de la Ciudad de México? Pues ahora, los legisladores oficiosos incluso se plantean la posibilidad de discutir una reforma legal similar a nivel federal, con un claro objetivo: amedrentar a la oposición, disuadir la protesta social en contra del gobierno y, en términos simples, instalar un aparato represivo autoritario antidemocrático.

El profundo desprecio mostrado por la “4T” por los derechos de terceros con tal de construir y mantener un poder omnímodo en el país, solo es comparable al que en su momento mostró el régimen del PRI más rancio, autocrático y totalitario. Aquel que decía encabezar las luchas de los países del “tercer mundo” mientras desaparecía opositores. El que creó el delito de “disolución social” para encarcelar a sus críticos por “desestabilizar” el país. El que asesinaba estudiantes porque veía conspiradores por todos lados.

Gutiérrez Barrios estaría orgulloso de la “4T”. El alumno supera con creces al maestro.

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