​La obsesión por mantenerse en el cargo del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, está comprometiendo seriamente el trabajo de ese organismo y, por ende, la rendición de cuentas de las entidades públicas estatales.

Aunque lo niegue, Portilla Vázquez está en una desaforada campaña por la reelección –para la cual está impedido legalmente, pues la ley bajo la que fue designado fue abrogada en su totalidad. Incluso ya no se llama igual- que ha terminado por politizar por completo su función. 

Cualquier cosa que diga o haga en este momento el auditor del Orfis tiene el sesgo de ese propósito, el cual busca apuntalar con una intensa –y con mucho billete de por medio- presencia mediática. Incluso, “caravaneándose con sombrero ajeno” y manipulando en su beneficio información cuyo uso es delicado.

Es el caso de una encuesta cuya aplicación le solicitaron el gobierno y el Congreso estatal al Orfis para conocer el estado que guardan los institutos municipales de las mujeres en Veracruz y proceder a diseñar esquemas de trabajo específicos. 

El uso de esa información estaba destinado al diseño de políticas públicas, pero dado que en el organismo fiscalizador están en campaña, todas las acciones que ahí se llevan a cabo se están utilizando para hacer lucir al auditor. Así que en lugar de entregar los resultados del diagnóstico efectuado a las entidades que se lo solicitaron, primero se lo dieron a conocer a los medios.

Y por las mismas andan con los resultados de las auditorías a las dependencias de la anterior administración estatal –porque de la de Javier Duarte, a la que no tocó ni con el pétalo de una observación, Portilla Vázquez ni se acuerda-, a las que les está “marcando el fierro” con un propósito muy claro: quedar bien con el régimen emanado de Morena para que le dé luz verde a su “continuidad”.

Y en ese tenor puede interpretarse la inexplicable dilación de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para emitir la convocatoria para elegir auditor general del Orfis, a la que la obliga la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.

En su artículo 89, dicha norma establece que “la Comisión formulará la convocatoria correspondiente, a efecto de recibir, durante un período de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación, las solicitudes para ocupar el cargo de Auditor General; concluido el plazo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes, la Comisión procederá a la revisión y análisis de las solicitudes, para determinar cuáles cumplen con los requisitos que señale la convocatoria”.

“Agotado el plazo señalado en la fracción anterior, dentro de los diez días hábiles siguientes, la Comisión entrevistará por separado a los aspirantes que cumplan con los requisitos; y con base en la evaluación de la documentación y del resultado de las entrevistas, la Comisión procederá a emitir, en el plazo de tres días hábiles, el dictamen sobre la terna que deberá presentarse al Pleno del Congreso”.

Como es claro, el proceso consta de plazos determinados para cada una de sus etapas. Pero aproximadamente a mes y medio de que concluya el periodo de siete años para el que fue designado Portilla, la Comisión de Vigilancia que encabeza el diputado de Morena Eric Domínguez Vázquez sigue sin lanzar la convocatoria. ¿De verdad creen que les va a dar tiempo de revisar los expedientes de todos los aspirantes en un corto tiempo? Tan solo en el proceso anterior se registraron más de 60 candidatos a auditor general.

A menos, claro, que en el Congreso del Estado se esté preparando un “tamal” en el que la decisión sobre quién será el próximo auditor general del Orfis ya esté tomada, con el propósito de que el “beneficiario” siga haciendo lo que se ha hecho en el organismo fiscalizador desde su nacimiento respecto de la rendición de cuentas de los entes gubernamentales en Veracruz.

Nada.

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