Contra viento y marea -y sabedor de que incumple con los requisitos de ley para pretender sostenerse en el cargo, más allá de lo que le diga a sus textoservidores en medios y lo que haya transado con los diputados que le dan alas-, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez se registró este lunes como aspirante a auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) para los próximos siete años.

No solo no le importó que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas estatal prohíba expresamente la reelección del titular del Orfis; tampoco le pareció importante inscribirse en el proceso sin tener la decencia de separarse del cargo en el que aspira permanecer, lo que a todas luces lo convierte en juez y parte y lo pone en condiciones de ventaja sobre los demás participantes.

Incluso, ha pretendido pasar por alto el hecho de que ha mentido descaradamente durante su desaforada campaña en pos de la reelección, al grado de simular actos jurídicos y usurpar funciones, específicamente en torno a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República en contra de la anterior administración estatal, pues como ya se explicó en una anterior entrega de esta columna, el auditor general del Orfis no tiene atribuciones legales para querellarse penalmente contra ninguno de los entes fiscalizables, lo cual le corresponde a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ese organismo.

Lo que habrá que preguntarle al auditor general es si la denuncia que existe en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público sí le representa algo. El pasado 17 de julio de 2019, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por violar el artículo 67 de la Constitución del Estado de Veracruz, que en su fracción III, numeral ocho y párrafo noveno establece que “durante el ejercicio de su cargo, el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado no podrá formar parte de ningún partido político”.

Y resulta que Lorenzo Portilla es militante del Partido Revolucionario Institucional, tal como consta en la lista de miembros afiliados a este instituto político publicada en su página web oficial, dato que además le fue confirmado a la persona denunciante a través de una solicitud de acceso a la información, en la que se tiene asentada como fecha de registro de su militancia el 1 de enero de 2014. 

Aunque es por muchos sabido que Portilla Vásquez hizo trabajo partidista desde mucho antes. En la campaña por la gubernatura de Veracruz en 2010, se desempeñó como contralor del Comité Directivo Estatal del PRI, cuyo candidato era, ni más ni menos, Javier Duarte de Ochoa, cuyas cuentas en el gobierno estatal “fiscalizó” a partir de 2012 desde el Orfis, a donde llegó con el cobijo del Congreso del Estado para entonces manejado por Jorge Carvallo Delfín, quien en el actualidad es “asesor” del presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura local, el diputado de Morena Eric Domínguez Vázquez.

Estos hechos no solo inhabilitarían política, ética y jurídicamente a Lorenzo Portilla para buscar la reelección al frente del Orfis, sino que ponen en predicamento la actuación del propio organismo fiscalizador durante el tiempo que ha sido encabezado por su actual titular.

En la denuncia presentada contra Lorenzo Portilla, además del posible delito de ejercicio indebido del servicio público en el que habría incurrido y el cual permanece cometiendo, se destaca el hecho de que al ejercer el cargo contraviniendo la Constitución, “la administración y gasto de los presupuestos autorizados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado para llevar a cabo la gestión de apoyo al Congreso del Estado en la revisión de las cuentas públicas de los Entes Fiscalizables a partir del ejercicio fiscal 2014 a la fecha, así como la emisión de los Informes de Resultados de las cuentas públicas de los Entes Fiscalizables correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017 carecen de la legalidad, imparcialidad y confiabilidad” que establece el artículo 116 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y de la “definitividad” que marca la Constitución de Veracruz.

Por esa misma razón, “presumiblemente no son válidos los actos de autoridad ejercidos a la fecha por el C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez como titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado”, pues el ejercicio indebido del servicio público implica “ilegalidad en el ejercicio de sus atribuciones”, según se afirma en la querella que se presentó en su contra.

El precio de la ambición sin freno puede llegar a ser muy alto.

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