Muy a principios de su administración, a finales de enero de este año, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó públicamente la estrategia denominada “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en Veracruz”, diseñada y avalada por organismos sociales y feministas afines a su gobierno.

El lanzamiento oficial se llevó a cabo durante un acto al que acudieron la representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas Oliva; y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. 

El objetivo de dicho programa, según lo expuesto entonces por el titular del Ejecutivo estatal, es “poner en marcha todo el aparato gubernamental, a los ayuntamientos y exhortar a los poderes Legislativo y Judicial a erradicar la violencia feminicida que prevalece en la entidad”.

Asimismo, el gobernador García Jiménez se comprometió a cumplir con “el mandato constitucional de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, particularmente de las mujeres, en virtud del contexto social de máxima violencia que impera contra la población femenina”.

En su alocución, Cuitláhuac García Jiménez afirmó que durante su mandato “los delitos contra las veracruzanas no tienen cabida” y aseguró que se respondería a los compromisos demandados por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada para Veracruz en administraciones anteriores “a través de la agenda legislativa y en la administración y procuración de justicia”.

A casi 10 meses de haber sido puesto en marcha y en la víspera del primer informe de labores de García Jiménez, la “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas” es letra muerta en Veracruz. No solo no se detuvo la violencia en su contra, sino que hubo incapacidad manifiesta para evitar que aumentara e incluso se le ha solapado desde el propio gobierno estatal.

En lo que va de esta administración estatal se reportan más de 200 asesinatos de mujeres en la entidad, así como una escalada de abusos y violaciones sexuales en municipios como Boca del Río y Veracruz. Agresiones que si bien evidencian una inadecuada política de prevención de la violencia, una elevada impunidad y el fracaso de la estrategia gubernamental, a fin de cuentas corresponden a factores externos al propio gobierno.

Lo que no tiene justificación y deja ver la hipocresía y doble rasero en el discurso es que sea el mismo gobierno estatal el que proteja a los agresores de mujeres, como sucede en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, donde dos trabajadoras de dicha dependencia denunciaron por acoso sexual y hostigamiento laboral a Rafael Ceballos Ruiz, quien funge como secretario particular de la titular, María del Rocío Pérez Pérez. 

En su denuncia de hechos presentada el pasado 27 de mayo, una de las afectadas, Yael Rentería, relató la manera como Rafael Ceballos Ruiz la acosó de manera soez y enfermiza –incluso enviándole videos pornográficos-, jactándose de ser “protegido” de Pérez Pérez y “amigo íntimo del C. Gobernador” por su trabajo en campaña. Al no obtener respuesta favorable, buscó entonces perjudicarla presionando desde su puesto para su cese laboral, a través de calumnias.

Cuando la víctima hizo del conocimiento de sus superiores jerárquicos la situación que enfrentaba –con pruebas de las vulgaridades e insultos que Rafael Ceballos Ruiz le enviaba a través de mensajes- y a su vez ellos se la plantearon a la secretaria María del Rocío Pérez Pérez, la respuesta de la funcionaria fue desvirtuar los dichos de Yael Rentería, instándola en cambio a presentar una denuncia, misma que como ya se indicó, fue interpuesta por la afectada el 27 de mayo ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Niños y Trata de Personas del Estado de Veracruz, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos al día siguiente, el 28 de mayo.

Asimismo, Yael Rentería presentó otra denuncia por los mismos hechos ante la Dirección General de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, misma que se la turnó de regreso al Órgano Interno de Control ¡de la propia Secretaría de Medio Ambiente! ¿Adivina cuál fue el resolutivo? 

El pasado jueves 7 de noviembre, la titular del Órgano de Control, María de Lourdes García Durán, determinó “la presunta existencia de falta administrativa no grave atribuible al servidor público de datos personales protegidos R.C.R. en el ejercicio de su cargo como secretario particular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz”, y procedió a “elaborar el informe” a efecto de “ser presentado ante la autoridad substanciadora”.

En medio de este desgastante proceso, la víctima –que se sometió a pruebas para determinar el daño psicológico que le han causado- tiene que convivir con su agresor todos los días, pues ninguna autoridad ha solicitado por lo menos el cambio de adscripción para alguno y siguen laborando en el mismo centro de trabajo, con lo que eso implica. Prueba de que los cursos y los protocolos de protección de derechos humanos y contra la violencia hacia las mujeres les importan un sorbete en el gobierno de la “4T” veracruzana.

Pura verborrea. Igual que antes. Igual que siempre.

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