Ante la falta de resultados concretos en su primer año de labores, al gobernador Cuitláhuac García Jiménez no le quedó más que “presumir” que “cumplió” con lo que él considera es lo “principal”: que “se acabó la corrupción” en Veracruz.

Existen elementos de sobra para refutar esa aseveración. Por ejemplo, el solo hecho de que despache como subsecretario de Administración y Finanzas un primo hermano del gobernador es suficiente para echar por tierra tal afirmación, pues implica un conflicto de intereses que está prohibido por la ley así como un acto burdo de nepotismo, solapado por quienes dicen que tienen “autoridad moral”. 

O qué decir de la muy evidente transa cometida durante las pasadas fiestas patrias, cuando para la verbena del 15 de septiembre el gobierno estatal contrató a la banda “La Adictiva” con un espectacular sobreprecio de más de cuatro millones de pesos de lo que en realidad cobra ese conjunto musical por presentación. Solo por citar dos ejemplos.

Sin embargo, lo que resulta verdaderamente criminal por las implicaciones sociales que conlleva es el brutal subejercicio en que incurre el actual Gobierno del Estado, y cuya principal consecuencia es la parálisis y colapso de la economía veracruzana.

De acuerdo con varios análisis que se han presentado en las últimas semanas sobre el comportamiento del gasto gubernamental en la entidad, basados en información del propio gobierno, la administración de Cuitláhuac García Jiménez ha dejado de ejercer más de cuatro mil 500 millones de pesos de los cerca de seis mil millones presupuestados para destinarse al rubro de la inversión pública durante el ejercicio fiscal de 2019.

Esto representa un subejercicio de más del 80 por ciento, lo que explica otro de los hechos evidentes del Veracruz de finales de la presente década: no existe obra pública en el estado. La poca que hay es menor, apenas algunos caminos, calles, fuentes y avenidas que las autoridades inauguran como si de superautopistas se tratase.

Que el gobierno estatal no gaste el dinero que le fue presupuestado y etiquetado para aplicarlo en obras tiene graves consecuencias: al no haber inversión no hay circulante, se contrae el gasto y el empleo que no dependa del sector público comienza a derrumbarse, pues la economía no fluye.

Es exactamente lo que estamos viendo en el estado de Veracruz. No hay dinero. Los negocios de ramos como el hotelero y el restaurantero están cerrando y salvo quienes viven de trabajar en el gobierno, la población padece una severa crisis que, además de todo, genera una escalada en la violencia y la inseguridad no asociada al crimen organizado, sino a la delincuencia común, que es la que afecta directamente a las personas de a pie, cuyos ingresos ya no le alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.

El gobierno presume que ha realizado “grandes ahorros” y que ya no se realizan “megaproyectos” que terminaban siendo “megatransas”. El problema es que no se está haciendo nada de nada con un dinero que sí existe, que está presupuestado y depositado en las arcas estatales, que debía utilizarse para promover el desarrollo estatal y que, en cambio, tendrá que enviarse de regreso al Gobierno de la República. Y ya sabemos para qué quiere el gobierno central concentrar todos los recursos posibles: para financiar sus programas asistencialistas electoreros, que lo único que generan son clientelas, pero no crecimiento ni desarrollo.

Y eso que estamos hablando solo de lo que no se ha gastado en materia de inversión pública. El subejercicio total en Veracruz alcanzaría el monto de más de 45 mil millones de pesos.

Dejar de aplicar esos recursos en una entidad con las que carencias y necesidades que tiene Veracruz, es criminal. Y también es corrupción.

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