​Hace casi exactamente un año, Cuitláhuac García Jiménez inició su gestión como gobernador de Veracruz con un anuncio rimbombante, con el cual él mismo le colocó un altísimo rasero a su administración.

Su primer acto como gobernador constitucional fue emitir la Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en Veracruz, con la cual asumió varios compromisos de tipo institucional, social y político, en un tema que entraña una severa gravedad en la entidad por lo menos desde el sexenio de Javier Duarte de Ochoa.

En su toma de posesión como mandatario, García Jiménez se dirigió a los familiares de personas desaparecidas, a quienes expresó que “ahí donde hay dolor, hoy se fortalece la esperanza de la verdad; ahí donde quiere habitar la tristeza para siempre, hoy nace una nueva luz por quienes físicamente no están. No estemos solo tristes por su desaparición, no olvidemos que el cobijo de su amor los hace presentes. También abriguemos la esperanza, porque los vamos a buscar hasta encontrarlos”.

En su momento, se hizo notar lo temerario de esa promesa, pues en el tema de personas víctimas de desaparición forzada están involucradas prácticas de lesa humanidad, como la desintegración de cuerpos, mientras que el tiempo transcurrido entre los plagios y las torpezas y omisiones procesales en la investigación de los mismos dificultaba enormemente cumplir un compromiso de semejante magnitud. Pero como eso lo hacía quedar muy bien políticamente, lo asumió públicamente.

Un año después, Cuitláhuac García no solo no ha cumplido lo que prometió, sino que ha defraudado a los familiares de las víctimas –por lo menos, a los que no se “acomodaron” bajo el manto protector de la autodenominada “cuarta transformación”, ya sea por fanatismo o conveniencia-, sino que adoptó conductas similares a las de los funestos gobernantes que, por indolencia y/o complicidad, provocaron este drama.

Este martes y después de varias semanas de denuncias públicas y periodísticas, el gobernador de Veracruz sostendría una reunión con familiares de siete personas que desaparecieron en el municipio de Ixtaczoquitlán luego de ser detenidas por policías municipales, con la presunta complicidad de autoridades de ese ayuntamiento.

El encuentro de Cuitláhuac García con las víctimas se iba a celebrar en un hotel de la ciudad de Orizaba, a donde éstas llegaron acompañadas por la activista Araceli Salcedo Jiménez, representante del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba. La misma mujer que en octubre de 2015 encaró a Javier Duarte de Ochoa para reclamarle la absoluta indolencia oficial para investigar la desaparición de su hija Fernanda Rubí Salcedo, y a lo que el entonces gobernador respondió con una sonrisa burlona, huyendo de la mano de su esposa Karime Macías.

Este día, el gobierno de la “transformación de la vida pública en Veracruz” impidió el paso a Araceli Salcedo a la reunión con Cuitláhuac García, a pesar de que llegó a la misma a petición de los familiares de las víctimas a los que ha dado acompañamiento y que ante la injustificada decisión, rechazaron entrar a ver al gobernador si no los acompañaba la activista.

El “pecado” de Araceli Salcedo es no someterse ni sonreírle para la foto a la “4T”. Suficiente para que desde este gobierno, sectario y faccioso, se le acuse de tener “intereses políticos”. Suficiente también para que Cuitláhuac García, al igual que en su momento Javier Duarte, saliera huyendo por la puerta de atrás del hotel, sin dar la cara y ni siquiera intentar cumplir con el compromiso contraído apenas hace un año.

Y eso que era lo más destacable de toda su gestión, a la que Cuitláhuac García acaba de enterrar en otra fosa: la del descrédito.

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