Sumada a las crisis de salud y económica provocadas por la pandemia de la covid-19, existe en México una delicada situación de emergencia en materia de derechos humanos de mujeres y niñas, que han visto incrementar la violencia en su contra desde que inició el confinamiento social.

Mientras los esfuerzos de las autoridades se han concentrado –y con razón- en la emergencia sanitaria –que al corte de este lunes 4 de mayo ha cobrado la vida de dos mil 271 personas en nuestro país, según datos oficiales-, otros problemas que aquejan a la población, como el de la violencia en todas sus modalidades y en contra de mujeres y niñas en particular, parecieran haber sido relegados en la agenda de prioridades gubernamentales.

En el mes de marzo, al inicio de la fase de emergencia en México, los asesinatos de mujeres se habían incrementado seis por ciento, mientras que las denuncias por delitos sexuales aumentaron 10.44 por ciento en el territorio nacional. En 26 estados de la República se registran delitos contra la integridad sexual de las mujeres.

A principios de abril, la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, admitió que las denuncias por violencia doméstica realizadas en refugios para mujeres habían crecido un 60 por ciento, mientras que las llamadas al número de emergencia 911 por esta misma razón aumentaron 25 por ciento, lo cual la funcionaria asoció con el confinamiento.

Pues a pesar de todos estos datos, para el gobierno de la autodenominada “cuarta transformación” el tema de la violencia contra las mujeres siguió sin importar -como ya había quedado claro con su desdén hacia las protestas feministas de principios de marzo-, al grado que ha decidido asfixiar financieramente a los centros de atención y apoyo a mujeres en alguna situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena denunció recientemente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo los recursos que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas entregaría a 30 de estos centros –por montos de entre 700 mil y un millón de pesos- en todo el país a través de una convocatoria pública. Hasta el momento, ni un centavo ha sido ministrado a estos organismos, tomando como pretexto la contingencia y las medidas de “austeridad” implantadas por el régimen lopezobradorista. 

Es la misma situación que priva en el estado de Veracruz, donde se registra una de las tasas de violencia contra las mujeres más alta del país, con 3.8 asesinatos por cada cien mil habitantes. 

Aquí también, pretextando una supuesta “austeridad” –que no se ve reflejada en los onerosos gastos del gobierno veracruzano y sus funcionarios de primer nivel en vehículos blindados de lujo, por ejemplo- se ha dejado al garete a asociaciones civiles que han cumplido con una importante función en el tema de la atención, acompañamiento legal y psicológico y protección de mujeres en situación de violencia.

Es el caso de la asociación civil “Cihuatlatolli”, cuya sede se encuentra en la ciudad de Orizaba y lleva más de 20 años desempeñando un importante trabajo en materia de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres no únicamente de esa región, las más de las veces a través de la autogestión de recursos.

En una carta abierta, “Cihuatlatolli” -que hace 15 años fundó lo que durante mucho tiempo funcionó como el único refugio para mujeres víctimas de violencia en el estado- dio a conocer que el gobierno de “izquierda” de Cuitláhuac García Jiménez decidió excluirlos del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEF), que es “el único recurso que se utiliza en Veracruz para la atención y acompañamiento a las mujeres veracruzanas víctimas de violencia”.

“El Gobierno del Estado, a través del Instituto Veracruzano de las Mujeres, tomó la decisión no solo de hacer a un lado nuestra asociación, sino también no llevar a cabo ninguna acción ya sea a través de unidades móviles, centro de atención externa o unidad itinerante que atienda la situación de violencia hacia las mujeres de nuestra región. En pocas palabras, las deja a su suerte o en manos de los institutos que aquí tratamos de hacer su radiografía y resulta desolador.

“Cuando ya sea imposible su sostenimiento, con todo el dolor que eso nos cause, nos veremos obligadas y obligados a cerrar y buscar cómo continuar promoviendo los derechos de las mujeres en las condiciones más adversas. Si eso nos preocupa, nos preocupa aún más la situación en la que se queda la región y sus mujeres que, desde nuestra perspectiva, con esa decisión del Estado, se quedan más solas que nunca y con un repunte grave de la violencia hacia ellas”, expuso  “Cihuatlatolli” en su carta abierta.

Y agregó: “padecimos las administraciones priistas que corruptas y todo, mantuvieron el programa y si bien no destinaban recursos económicos para la atención de la violencia de género, tampoco impedían que a través de recursos federales del programa PAIMEF se contemplara apoyar a asociaciones civiles que su trabajo a favor de las mujeres era, además de serio, comprometido y profesional y además honesto; padecimos al mini gobierno de Yunes Linares que además de ser también corrupto era represor, pero que tampoco –aunque lo amagó- dejo de apoyar a las asociaciones civiles a través de PAIMEF”.

“Por último, llegó un gobierno que para muchas y muchos ciudadanos resultaba -y no estamos tan seguras y seguros que así lo siga siendo- una esperanza y mayor apoyo a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, pues se suponía que venía de la lucha social”, se sentencia en la misiva.

Y mientras la crisis de derechos humanos de las mujeres se agrava y la contingencia sanitaria se desborda, para la “4t” lo importante es derrochar el dinero en sus “elefantes blancos” y proteger los negocios de sus cómplices, como los Bartlett o los Salinas Pliego. 

Ellos, a lo que vinieron.

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