​Aunque en muchas ocasiones ha quedado en evidencia que la supuesta “inocencia” y/o ignorancia del presidente Andrés Manuel López Obrador en ciertos temas no es más que parte de su estrategia para distraer la mirada de asuntos verdaderamente graves –como los casi 58 mil muertos por la pandemia hasta el último reporte-, tampoco hay que perder de vista que se encubren intenciones aviesas que no son claras a simple vista.

La mañana de este martes, el presidente de México salió a azuzar a sus huestes con una pretendida “noticia bomba”, dizque prueba de la corrupción que su gobierno jura que “combate”: al final del sexenio de Enrique Peña Nieto se concedió una prórroga de 50 años a una concesión para la operación del puerto de Veracruz, misma que ya contaba con una adjudicación por otros 50 años concedidos desde 1994, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

“Peña amplió la concesión hasta el 2094, es decir, por un siglo. Ni en el porfiriato. Actuaremos legalmente”, manifestó López Obrador, haciendo arder las redes a través de sus hordas de bots y trolls que aplaudieron a rabiar sus dichos, sin someterlos al mínimo análisis.

En la mañanera, López Obrador se reservó el nombre de la “maléfica” empresa beneficiaria de semejante “acto de corrupción”, hasta que comenzó a trascender su identidad y él mismo la confirmó más tarde en su cuenta de Twitter, donde publicó la prórroga al título de concesión: la “malvada” y “corrupta” concesionaria no es otra que la Administración Portuaria Integral de Veracruz S.A. de C.V., mejor conocida como Apiver.

Y resulta que la Apiver, para efectos legales y prácticos, forma parte de la estructura del propio Gobierno Federal. Su titular es nombrado por el Secretario de Comunicaciones y Transportes y su Consejo de Administración está integrado por funcionarios de la SCT y la Dirección de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, como accionistas fungen la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la misma SCT y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que es una institución financiera de desarrollo que también forma parte del Estado mexicano.

Por si no bastase, la extensión de la concesión de la que López Obrador acaba de “enterarse” porque se lo “informó” la recién nombrada titular de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la ex secretaria de Gobierno de la Ciudad de México Rosa Icela Rodríguez –que se ve que del manejo de puertos no tiene la menor idea- está mencionada claramente en el sitio de Apiver hospedado en la propia página web del Gobierno de la República, donde se menciona literalmente que desde su creación y “conforme a la Ley de Puertos, la Apiver se constituyó como una Sociedad Anónima de Capital Variable. El Gobierno Federal le otorgó una concesión por un periodo de 50 años, prorrogables a otros 50 años”. ¿Dónde está la sorpresa y, sobre todo, la ilegalidad?

En la misma página web se destaca que “en 1994, cuando la Apiver tomó el control del puerto, se movilizaban 6.9 millones de toneladas de carga; el año 2012 el Puerto de Veracruz movilizó más de 22 millones de toneladas como ejemplo del crecimiento y la productividad alcanzada a raíz de creación de la Apiver”. Antes de eso, el recinto portuario estaba en manos de los sindicatos “que mantenían un monopolio en las maniobras de carga y descarga de las mercancías”, lo cual provocó la requisa de 1991.

La Apiver es de los pocos ejemplos de paraestatales mexicanas que no generan pérdidas sino ganancias. Y en el mismo título de prórroga de concesión está indicada la razón de la misma: la ampliación del puerto de Veracruz, cuya última etapa de operación se estima hacia el año 2030 y por lo cual, desde el 5 de abril de 2017, se solicitó “la prórroga de la vigencia de la concesión por un plazo igual al originalmente otorgado”. Todo estaba allí, pero los “iluminados” de la “4t” apenas lo “descubrieron”.

La pretendida intención de autorrevocarse la concesión puede tener dos objetivos: distraer mediáticamente para que se deje de hablar que México seguramente llegará a los 60 mil muertos por la covid-19 esta misma semana; o bien, destazar a la Administración Portuaria Integral de Veracruz para meterle mano directamente a sus recursos y de paso, retornar al viejo modelo que generaba pérdidas, mafias y grandes negocios particulares.

Así “lucha” contra la corrupción la mal llamada “cuarta transformación”.

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