La procuración e impartición de la justicia en México, y en particular en Veracruz, han sido desde siempre un terreno pantanoso de brutal corrupción. Sin embargo y como en el resto de los poderes públicos, con la llegada del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se han convertido en un teatro deplorable con consecuencias funestas e incalculables para los ciudadanos.

Desde que arribó al poder, la “4t” veracruzana se ha comportado como una pandilla llena de inexpertos, incapaces pero eso sí, muy ambiciosos y voraces personajes que aplican religiosamente la consigna “si no es ahora, ¿cuándo?” en su loca carrera por acumular poder, para lo cual no han dudado en pisotear las leyes a placer.

Como nunca encontraron la salida legal para deshacerse del fiscal general Jorge Winckler, heredado del bienio yunista panista, la salida del régimen morenista fue lanzar una asonada desde el Congreso del Estado para “destituirlo” -sin facultades jurídicas para hacerlo- e imponer en el órgano procurador de justicia a una empleada de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns, quien hasta la fecha sigue comportándose como subordinada del Ejecutivo y no como cabeza de una institución que, por lo menos en el papel, es autónoma. Sí, su defenestrado antecesor hacía lo mismo con el anterior gobernador y en muchos espacios, incluido éste, se le denunció. Se suponía que éstos eran “diferentes”.

Pero donde verdaderamente han llegado a extremos inéditos de podredumbre –lo cual es verdaderamente mucho decir- es en el Poder Judicial del Estado, convertido en un vergonzoso circo en el que, insistiendo en la analogía circense, los “animales” andan sueltos y no hay “domadores”. 

El sainete protagonizado en los últimos días en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE) que llevó a la destitución como presidenta de Sofía Martínez Huerta –en su forma, propio de repúblicas bananeras y no de estados medianamente democráticos-, es la consecuencia inevitable de una larga serie de desatinos que comenzaron con la propia imposición a fines del año pasado de la hoy depuesta togada sin tener más trayectoria, méritos ni habilidad para ocupar un cargo de esa envergadura que lo clásico del “perfil 4t”: responder a los intereses del morenato gobernante, en este caso, a los del grupo del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Empero, la impericia de la secretaria de Sala que dio el “salto cuántico” a presidenta del TSJE, su falta de probidad demostrada al colocar a familiares en puestos dentro del Tribunal y su total insensibilidad y ausencia de oficio para conciliar y hacer política hacia el interior de uno de los poderes del estado, dio como resultado la paralización de ese órgano, enfrascado además en feroces pugnas por el control de los cuantiosos recursos financieros que ahí se manejan, tema que se ha convertido en la obsesión de un régimen que se ha ganado a pulso el apelativo de “cuatrero”.

Precisamente ese tema, el del dinero, es el que habría marcado el destino de Sofía Martínez, al grado que los mismos que la impusieron terminaron operando su caída, como ella misma denunció al afirmar que había recibido amenazas del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, para que “renunciara” al cargo: “veladamente entendí una amenaza, me dijo que no era prudente que la familia estuviera cerca, que él tenía pruebas, videos, documentos. (...) Yo siento que fue una amenaza contra mi familia, contra mi persona”, declaró el viernes pasado en el noticiero radiofónico del periodista Joaquín López Dóriga.

Y de manera idéntica al caso del ex fiscal Winckler, la destitución de Sofía Martínez se llevó a cabo de manera ilegal, pues se violentó la Ley Orgánica del Poder Judicial al convocarse una reunión del pleno que no cumplió con los requisitos jurídicos para constituirse ni para votar la remoción y mucho menos la designación de Isabel Romero Cruz como presidenta interina, lo que podría resultar en responsabilidades penales para todos los involucrados.

Lo más grave es que todo eso suceda en uno de los tres poderes del estado que además, es el encargado de impartir justicia a los ciudadanos de la entidad. ¿Con qué autoridad, si son los primeros en escupirle a sus propias normas internas?

El problema ya ni siquiera es que haya demostrado ser igual o peor de corrupto que los que le antecedieron, sino que el régimen de la “4t” ha envilecido la legalidad en Veracruz más allá de imaginable y los perjudicados, al final del día, somos todos los habitantes de la entidad, pues nuestro derecho de acceso a la justicia fue anulado por los sátrapas.

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