​En un alarde de obviedad que raya en el cinismo, este martes José Luis Vargas Valdez fue “elegido” de botepronto, a puerta cerrada y en votación dividida como nuevo presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿Y por qué la crítica? Porque precisamente éste fue el magistrado que tuvo a su cargo la ponencia que presentó el proyecto para negar definitivamente el registro como partido político a México Libre, asunto en el que tenía especial interés “ya saben quién”.

Esto sin duda solo viene a confirmar lo que ya era evidente desde hace tiempo: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido cooptado por el régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, que se lanzó a desestabilizarlo no bien entraba en funciones, cuando se discutió la validez de la elección de gobernador que confirmó el triunfo de la panista Martha Érika Alonso en el estado de Puebla, quien a las pocas semanas moriría en un “accidente” al desplomarse el helicóptero en que viajaba en condiciones que nunca han sido explicadas satisfactoriamente por autoridad alguna.

Como se podrá recordar, en ese entonces hubo enormes presiones desde el régimen lopezobradorista –desde todos los órdenes- para que el TEPJF, presidido en aquel momento por la magistrada Janine Otálora, declarara nula la elección de gobernador en Puebla, al grado que hubo una crisis interna en el órgano jurisdiccional alentada, ¡oh casualidades de la política!, por el mismísimo José Luis Vargas Valdez.

El magistrado de marras anunció en aquellos días –diciembre de 2018- que presentaría denuncias por presuntas irregularidades en el ejercicio del presupuesto en contra de Janine Otálora, a quien acusó de no garantizar la unidad del pleno ni la “independencia” de sus integrantes luego de que su voto impidió la anulación de la elección en Puebla. En el mes de enero de 2019, ella presentó su renuncia como presidenta del Tribunal, aunque permaneció en su puesto como magistrada.

La actuación parcial, sesgada y porril de José Luis Vargas Valdez en el caso Puebla, aunada a que casi dos años después se le turnara a él la ponencia para resolver contra el registro como partido de la organización que encabezan Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón –a quien el actual inquilino de Palacio Nacional odia con fervor-, estarían recibiendo su “premio” con la presidencia del Tribunal Electoral federal. En política no hay casualidades. 

Como dato adicional que también podría explicar muchas cosas, quien aparece como secretario instructor de la oficina del nuevo presidente del TEPJF, pero de facto funge como coordinador de su ponencia, es un abogado de nombre Roberto Jiménez Reyes, quien en la ya lejana elección de gobernador de Veracruz de 2010 fue señalado como operador (“mapache”, pues) del entonces candidato del PRI Javier Duarte de Ochoa. 

Jiménez Reyes fue involucrado como parte del equipo de abogados que comandaba Carlos Armando Biebrich –por encargo del entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán- que elaboró el proyecto de resolución con el que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz –como se llamaba en esa época- validaron aquellos comicios.

Lo que resulta verdaderamente grave con miras al futuro inmediato, es que estas acciones ponen de relieve que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máxima autoridad en materia electoral del país y cuyas sentencias son inatacables, desde ahora no garantiza en modo alguno que vaya a resolver con imparcialidad y apegado estrictamente a derecho en los comicios que se avecinan, en los que estará en juego la renovación de la Cámara de Diputados, de capital importancia para la viabilidad del proyecto de la “4t”.

Y ya demostraron que ni siquiera les importa guardar las formas. Hasta los priistas eran menos obvios que sus “primos”, los “diferentes”.

Que no son corruptos, solo son pen…

La respuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez al pliego de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que detectó un posible daño patrimonial por más de dos mil millones de pesos en la Cuenta Pública de 2019 es de antología: “tuvimos un atraso con lo de la pandemia en la entrega de documentación que se refieren (sic) a esas observaciones. (…) Nosotros no somos corruptos, vamos a entregar todo”.

El chiste se cuenta solo.

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