​La asonada del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” contra la libertad de expresión en los entornos digitales va más allá de la regulación que pretenden de las redes sociales.

Junto con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada en el Senado por el coordinador de la bancada de Morena Ricardo Monreal Ávila, en la Cámara de Diputados avanza otro proyecto de enmienda cuyos alcances son todavía mayores.

Este jueves se discutirá y seguramente aprobará en comisiones de la Cámara baja una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional en materia de ciberseguridad, presentada por un diputado de Morena, que plantea además realizar modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Pero el dictamen abarca un espectro tan amplio como incluir a las “fake news” y a las “campañas de desinformación” dentro de las amenazas a la seguridad nacional, de manera tan laxa, que cualquier cosa que el gobierno decidiese podría entrar dentro de esa clasificación y, por consiguiente, ser considerada como un riesgo para el país que haga necesaria la intervención del gobierno.

En el resultado del dictamen que se discutirá, se mencionan como parte de esas “amenazas” a la seguridad nacional los ciberataques a páginas web gubernamentales y de cámaras empresariales perpetrados por ciberactivistas, los “hackeos”, las desinformación en línea, confundiendo el concepto de ciberseguridad con los delitos cibernéticos. 

Bajo ese esquema legal, hasta un “meme” difundido por redes sociales podría ser calificado como parte de una campaña para “desestabilizar” al Estado y ser equiparado con un acto de terrorismo. No sería la primera vez que se intentara.

Baste recordar cómo en el año 2011, cuando la violencia se disparó en el estado de Veracruz, el gobierno de Javier Duarte detuvo a dos tuiteros y los acusó de “terrorismo” por difundir en sus cuentas de Twitter información falsa sobre supuestos ataques armados a escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lo que a todas luces constituyó un exceso que fue denunciado a nivel internacional.

No contento con ello, el régimen duartista promovió una reforma al Código Penal del Estado de Veracruz para crear el delito de “perturbación del orden público”, que sería imputable “a quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud”. La pena impuesta era de uno a cuatro años de prisión y una multa de 500 a mil días de salario, “atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida”.

La llamada “Ley Duarte” –que terminó siendo declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia- lo que en realidad buscaba era controlar e inhibir la, en ese entonces, aún incipiente expresión de la opinión pública a través de las redes sociales, precisamente en el momento en el que la inseguridad se apoderó de Veracruz y dejó ver la incapacidad y, como se sabría después, complicidad de su gobierno con los grupos delincuenciales que, esos sí, sembraron terror y muerte durante todo ese infame sexenio.

La iniciativa sobre ciberseguridad a discusión actualmente no está muy lejos de la “Ley Duarte” y, cómo ésta, tiene intencionalidad y objetivos políticos: vigilar y limitar el intercambio público en internet en víspera de elecciones y en medio de un desastroso manejo de la pandemia por covid-19, que ha dejado ya cerca de 169 mil muertos según cifras oficiales y más de 400 mil de acuerdo con las estimaciones sobre el volumen real de víctimas.

No es raro. Los regímenes autoritarios siempre tienden hacia el control absoluto. Y qué mejor pretexto que la seguridad, que ni siquiera son capaces de garantizar.

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