​Entre la comunidad científica mexicana –la que sí investiga en lugar de hacer “grilla” política- existe una gran preocupación por el golpe que el gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación” pretende darle a la investigación y desarrollo de la ciencia en el país.

Desde diciembre pasado circula el Anteproyecto de Iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que, en términos generales, sometería a los intereses del gobierno el rumbo de la investigación científica y tecnológica.

En México existen cerca de 50 leyes generales y las más antiguas vienen de los años 40 y 50, aunque la mayoría de las vigentes han surgido después del año 2000. Entre las características de estas normatividades está la de integrar consejos o comités generales en los que participan gobernantes y gobernados para tomar decisiones de manera conjunta, en un ejercicio de gobernanza.

Pero en el anteproyecto de ley elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que encabeza María Elena Álvarez Buylla, desaparece esa figura y es sustituida por la de “Consejo de Estado” que promueve, a su vez, una “Agenda de Estado” en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

El proyecto de ley determina que “la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realice directamente el Estado se hará conforme a la Agenda de Estado” y que, de igual manera, los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo se destinarán preponderantemente a su cumplimiento, “sin menoscabo de la libertad de investigación, así como de la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior autónomas por ley”.

Empero, el Consejo de Estado, órgano rector y máxima autoridad del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, estaría integrado de manera permanente y con derecho a voz y voto únicamente por el Presidente de la República, que lo presidirá; el titular del Conacyt, quien asumirá su Coordinación Ejecutiva; las y los titulares de las secretarías de Estado de la Administración Pública Federal; y un representante de los gobiernos de las entidades federativas por cada una de las regiones que establezca el Consejo Nacional.

Como “invitados” a las sesiones del Consejo de Estado con voz, pero sin voto, participarían: un representante de las autoridades responsables de la política local, que asumirá la Secretaría Técnica del Consejo de Estado; un representante del sector social y uno del sector privado, propuestos por el Consejo de Articulación del Conacyt; un representante de la comunidad científica que “destaque” por sus aportaciones al desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, propuesto por el Consejo Técnico del Consejo Nacional; y las demás personas que convoque la Coordinación Ejecutiva.

Como es claro y evidente, la “Agenda de Estado” en materia de ciencia sería definida en su totalidad por funcionarios públicos. Los científicos son completamente ignorados en la “ley Buylla” y aquellos que lleguen a participar en las deliberaciones, a invitación expresa del Conacyt, tendrían voz más no voto. O sea, nada.

Es el Consejo de Estado el que le dice a todos los demás qué hacer, qué investigar y qué personas son las que trabajarían en los temas que el gobierno establezca como importantes y que, por supuesto, son los que recibirían financiamiento público. Incluyendo a los beneficiarios de los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Asimismo, los centros públicos de investigación perderían toda la autonomía de gestión y administrativa que les ha permitido crecer y desarrollar sus proyectos. Con esta ley, quedarían subordinados a lo que el gobierno decida que es “necesario”, en contraposición con la libertad de investigación que se dice defender en el anteproyecto, lo cual además afectaría a todas las instituciones generadoras de desarrollo científico y tecnológico del país.

Para el Colectivo ProCienciaMX, se trata de un anteproyecto de ley “que no parece ley, que tiene mucha carga de palabrería. Hay mucha historia, muchos juicios de valor y el articulado parece una forma de ‘cartilla moral”.

“Lo que genera es un control férreo por parte de quien esté gobernando a través de ese Consejo de Estado que hasta el nombre suena terrorífico, en el que solo votan secretarios de Estado y funcionarios públicos. Los científicos son hechos a un lado. Es una iniciativa para legalizar el control del aparato científico del país”, señaló el Colectivo ProCienciaMX.

Se ha mantenido en la opacidad –el sello de la casa- el estatus del proyecto de iniciativa y si habría ingresado ya al Congreso de la Unión. Por lo pronto un grupo de científicos y académicos sí presentó una contrapropuesta a través de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República.

Y mientras son peras o manzanas, el Conacyt alista un “albazo” para este miércoles 3 de marzo, fecha para la que ha citado a sesión extraordinaria de su Junta de Gobierno en la que pretende imponer una reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores que, por supuesto, no solo no fue consensuada sino ni siquiera informada a la comunidad científica del país, a pesar de que implica modificaciones que afectarán sustancialmente las condiciones de por sí ya complejas en las que trabajan los investigadores.

El gobierno por encima de la ciencia. Por encima de todo. Poseedor de la única “verdad”. Suena a autocracia, ¿no?

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