​Durante las manifestaciones por el Día Internacional de las Mujeres de este lunes, el gobierno de Veracruz colocó unos pendones en la fachada del inmueble sede del Poder Ejecutivo en los que aparecían las imágenes de las mujeres que ocupan cargos de autoridad en el actual sexenio.

Pretendió ser ésta una suerte de “prueba” –si se le puede calificar de este modo- de que un gobierno de la “4t” como el que encabeza Cuitláhuac García Jiménez promueve el “empoderamiento” femenino y la igualdad en el acceso a cargos de responsabilidad política. Aunque pasando por alto el hecho de que las mujeres cuya imagen utilizó son titulares de organismos autónomos del Poder Ejecutivo estatal, por lo que al menos desde el aspecto legal formal, no le correspondería mérito alguno por esos nombramientos.

Empero, precisamente ese detalle es un indicador de la verdadera situación respecto de la debilidad institucional que priva el estado: la división de poderes es ficticia, tanto como la autonomía de los organismos encargados de la fiscalización de los entes públicos y de la procuración e impartición de justicia en la entidad. 

En todos los casos, las titulares de dichos órganos responden a los intereses no solo de otras instancias de poder, sino a los de hombres de poder, por lo que las supuestas paridad e igualdad ensalzadas en la propaganda gubernamental no son sino meras simulaciones, “cuentos chinos” para buscar encubrir una realidad que, por si no bastase, pasa además por sendos actos de corrupción, como los que mantienen en vilo al mismo Poder Judicial estatal.

El 14 de octubre de 2019, la abogada Sofía Martínez Huerta fue nombrada por el Congreso local como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien la impulsó para que mes y medio después, y a pesar de no contar con trayectoria en ese órgano, fuera designada como su presidenta, en sustitución de Edel Álvarez Peña.

La intención siempre fue clara: simular la inclusión de una mujer en un cargo de alta responsabilidad, pero para que solo se limitara a cumplir las órdenes que otros le daban. 

El paso de Sofía Martínez por la presidencia del Poder Judicial de Veracruz fue una pesadilla para ella misma. Atrapada en una red de intereses y complicidades que no supo ni pudo manejar, se terminó estrellando con el tema de la construcción de las Ciudades Judiciales del TSJE iniciada durante el periodo de Álvarez Peña, quien llegó a la titularidad del Tribunal gracias al anterior gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

La construcción de las 17 Ciudades Judiciales es todo un compendio de irregularidades, sobrecostos, autorizaciones sin soportes ni dictámenes técnicos, licitaciones amañadas y “tamaleadas”, que dieron como resultado que de un costo original proyectado en cinco mil millones de pesos, éste se elevara a 15 mil millones, con un claro daño al erario del estado.

Pero de manera insólita y de acuerdo con lo denunciado por la propia Sofía Martínez, apenas asumió la presidencia del TSJE el gobernador Cuitláhuac García en persona le habría pedido no investigar ni hacer una “cacería de brujas” por el caso de las Ciudades Judiciales, sabedor del “cochinero” del que, evidentemente, ya participaba su gobierno.

A pesar de la “petición” y tras una revisión del enorme cúmulo de irregularidades, Sofía Martínez tuvo claro que de hacerse de la “vista gorda” le terminaría resultando responsabilidad penal, así que en febrero de 2020 decidió suspender los pagos a las empresas encargadas de la construcción de las Ciudades Judiciales, los cuales ascienden a 17 millones de pesos mensuales por un lapso de 25 años, situación de la cual presentó un informe al Consejo de la Judicatura. En ese momento su suerte fue echada.

El régimen emprendió una embestida que terminó con la destitución –ilegal, pues la presidenta no estuvo durante esa sesión extraordinaria del pleno del TSJE del 23 de octubre de ese mismo 2020- de Sofía Martínez, quien un día antes fue citada en su oficina –con pleno “respeto” a la división de poderes, claro- por el secretario de Gobierno Eric Cisneros, quien le habría ordenado renunciar vía una amenaza contra su familia de por medio, según la denuncia presentada por la magistrada ante la Fiscalía General del Estado el 1 de diciembre pasado, misma que se encuentra “congelada” por su ex “compañera” la fiscal Verónica Hernández Giadáns.

¿Qué intereses tocó Sofía Martínez? Por principio de cuentas, los de los socios de las empresas contratadas para la construcción de las Ciudades Judiciales, entre los que destacan nombres como el de Carlos Francisco Nachón García, hermano del actual secretario de Desarrollo Económico estatal Enrique Nachón García, y el de Francisco José Ruiz Anitúa, integrante de la acaudalada familia porteña que lo mismo hizo enormes negocios con los gobiernos de Miguel Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, que con el de Miguel Ángel Yunes Linares y hasta el de Roberto Borge en Quintana Roo. Ambos, con participación en la Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz S.A. de C.V., consorcio encargado de las obras.

Lo primero que hizo Isabel Inés Romero Cruz, sustituta de Sofía Martínez, al asumir la presidencia del TSJE fue pagar al consorcio constructor los 187 millones de pesos que en total se le dejaron de entregar durante los 11 meses que duró la suspensión. Y ahora, Sofía Martínez enfrenta la venganza del “transformador”, “honesto” y “bendecido” régimen local de la fallida “cuarta transformación”, que este jueves la someterá a juicio político para despojarla de la magistratura.

Así es como realmente entiende la “4t” la “inclusión” de las mujeres en los cargos de poder.

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