​Cuando a mediados de 2020 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció su programa de desconfinamiento llamado “nueva normalidad”, quedó claro desde el principio que se decidió anteponer la reactivación económica por sobre la vida y la salud de la población.

El retorno por decreto a las actividades económicas que estuvieron parcial o totalmente cerradas durante los meses de abril y mayo del año pasado tuvo un costo en vidas humanas todavía difícil de cuantificar con exactitud, pero que puede encontrar un parámetro en las cifras del Inegi sobre el exceso de mortalidad registrado durante la pandemia, mismas que arrojaron un número de muertos por covid-19 en un 45 por ciento mayor que el de los datos oficiales dados a conocer por la Secretaría de Salud durante los primeros siete meses de la emergencia sanitaria.

Eso, junto con las propias estimaciones de expertos que aseguran que el número real de fallecimientos provocados por el coronavirus SARS-CoV-2 en México es tres veces mayor que el reconocido diariamente por las autoridades sanitarias del gobierno federal.

En suma, las autoridades privilegiaron el autorrescate de la economía –porque por parte del gobierno no hubo jamás el mínimo apoyo, y para prueba el cierre de más de un millón de micronegocios durante 2020- por encima de la vida de las y los mexicanos, a los que literalmente echó a la calle a jugársela en una ruleta rusa de supervivencia de la que miles no lograron salir airosos.

Tal es el contexto en el que México superó este jueves 25 de marzo de 2021 la macabra línea de las 200 mil muertes por covid-19 reconocidas oficialmente, y que en números reales deben superar las 500 mil defunciones a un año de declarada la pandemia.

Pero la brutal irresponsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador –misma que nunca aceptará asumir- y la negligencia criminal del subsecretario Hugo López Gatell –el encargado de la estrategia contra la pandemia al que nunca mejor que hoy le queda como anillo al dedo el mote de “doctor Muerte”- están por escalar a un nuevo nivel.

Está en marcha con todo el plan para el regreso a clases presenciales en México. Al retorno del periodo vacacional de Semana Santa al menos en el estado de Campeche, y entre abril y mayo en Sonora, Chihuahua, Chiapas y Veracruz.

El propio presidente López Obrador, durante su más reciente gira por la entidad veracruzana, así lo anunció: “antes de que termine el ciclo escolar estar en clases presenciales, porque nos hace mucha falta. En especial para los niños, estudiantes, es el segundo hogar”.

Aunque en esto último no le falta razón, un retorno a clases presenciales en las actuales condiciones –y luego de un periodo vacacional que detonaría una tercera ola de contagios- equivaldría a enviar al matadero a millones de niños y jóvenes que, si bien presentan reacciones menos graves al virus, como ha quedado demostrado no están exentos de complicaciones que les puedan producir incluso la muerte.

Y ni qué decir de los docentes. La tesis de López Obrador de que en dos meses se terminará de vacunar a adultos mayores y maestros –mientras México mendiga el fármaco al gobierno de Estados Unidos y se desvela la posible existencia de un mercado negro de tráfico de vacunas- es tan confiable como aquellas aseveraciones del año pasado, cuando ya habíamos “domado la pandemia”.

Necedades que matan.

Asueto

Por periodo vacacional, la Rúbrica y su autor se tomarán un necesario descanso, regresando a su publicación el próximo 7 de abril. A sus lectores y editores, felices Pascuas. Y de ser posible, evite aglomeraciones innecesarias.

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