​No hay mucho que interpretar sobre los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este lunes: su desprecio por la legalidad y la Constitución son gigantescos. 

Cuestionado acerca del bodrio legislativo aprobado por el Senado para extender dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea -cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que solo durará cuatro años en su cargo sin posibilidad de relección-, López Obrador manifestó que a su “entender”, esta chicanada “es constitucional”.

Y fue más allá al afirmar que “urge la reforma al Poder Judicial” y que si para llevarla a la práctica se requiere que “el actual presidente continúe dos años más porque es garantía de que esos cambios se van a llevar a la práctica, (…) yo estoy de acuerdo”.

Así, sin necesidad de darle muchas vueltas, el actual titular del Poder Ejecutivo federal, el mismo que al rendir protesta como Presidente de la República el 1 de diciembre de 2018 juró cumplir y hacer cumplir la Constitución, decidió usar sus páginas como papel higiénico y se manifestó públicamente por violar uno de los preceptos en los cuales se finca, ni más ni menos, la división de poderes en el sistema republicano que hoy en México está en un riesgo que no se conocía desde el siglo XIX, coincidentemente la etapa histórica de la que López Obrador extrae buena parte de sus mitos y clichés. 

Aunque con esa declaración, donde en realidad López Obrador se colocó fue en el mismo nivel que los dictadores bananeros latinoamericanos de los años 70 de la pasada centuria, a quienes la legalidad y el equilibrio de poderes les resultaban un estorbo para hacer cumplir sus deseos y por lo cual, los despedazaron, mientras sometían o aniquilaban –literalmente- a sus opositores.

El discurso completo y las acciones que ha emprendido la mal llamada “cuarta transformación” van en ese mismo sentido: destruir el incipiente entramado institucional que a lo largo de los últimos 50 años posibilitó desde la pluralidad política partidista en el acceso a la representación pública y al ejercicio del poder, hasta la rendición de cuentas gubernamental, la defensa de los derechos humanos, el derecho a la información y la libertad de expresión. Garantías de los mexicanos que, sin exagerar, están en grave peligro.

Por esas razones es que el ya claramente autoritario y antidemocrático régimen de la “4t” busca, entre muchas otras cosas, anular al Instituto Nacional Electoral, desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información y someter al Poder Judicial. A éste último con una reforma que, además de la prórroga inconstitucional y con dedicatoria personal del periodo de Arturo Zaldívar, tiene como objetivo doblegar a los jueces para que ya no concedan amparos contra las sistemáticas transgresiones legales en que incurre el lopezobradorismo, que se cree dueño del país. Y de paso, se abre la puerta a sí mismo para perpetuarse en el poder.

Ni siquiera se molestan por disimularlo ya. Se han terminado por quitar la máscara de demócratas para abrir las fauces y mostrar los colmillos del despotismo.

Que los maestros se “sacrifiquen”

Como sucede con todas las cosas hechas al “ahí se va”, la vacunación que de manera obligatoria se impuso a los maestros de instituciones públicas y privadas implica, de manera particular en el estado de Veracruz, que los docentes de regiones apartadas tengan que trasladarse con sus propios recursos a alguna de las cinco sedes en las que se dividió la entidad para la aplicación del fármaco: Xalapa, Boca del Río, Orizaba, Coatzacoalcos y Tuxpan.

Ante las críticas, el gobernador Cuitláhuac García pidió a los maestros –cuyos salarios suelen ser paupérrimos en su inmensa mayoría- que “sacrifiquemos comodidad por salud”, pues en otros sectores ya quisieran esta “oportunidad”.

Ahora resulta que hasta hay que agradecerles por una estrategia sin criterio alguno de salud, sino meramente electoreros.

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