Sin decoro alguno, en abierto desafío de las leyes y las instituciones que las hacen valer, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus aliados se han lanzado al abismo de la arbitrariedad con tal de mantener el poder.

La investigación anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León por la alianza Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, y de Movimiento Ciudadano Samuel García, es tan débil como las aspiraciones de la abanderada de Morena, Clara Luz Flores, quien se fue a la lona en las preferencias tras ser exhibida mintiendo sobre sus vínculos personales con Keith Raniere, líder de la secta de abusadores sexuales NXIVM, de la que también formó parte el actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

La manipulación de los órganos procuradores de justicia con fines políticos y esencialmente electoreros no es algo que no se haya hecho antes, es verdad. Pero ni el más bananero de los presidentes que ha tenido este país había tenido la desfachatez de decir, a voz en cuello, que está entrometiéndose en las campañas electorales, dizque para que no haya “fraude”.

Aunque valga decir que es un camino que ya ha andado la “4t” antes incluso de adoptar su megalómana denominación. Cuando Enrique Peña Nieto se dio cuenta que no habría manera de que el PRI retuviera el poder en 2018, escogió apoyar a Andrés Manuel López Obrador para que ganara los comicios.

Fue entonces que lanzó a la entonces Procuraduría General de la República contra el candidato del PAN Ricardo Anaya, que si bien era -y sigue siendo- un político anodino, traicionero y desconectado de la realidad del país, nunca hubo elementos para proceder legalmente en su contra, como quedó claro con el sobreseimiento de la investigación. 

Se trató de una mera persecución electorera del gobierno de Peña Nieto para favorecer a quien ya habían medido que tenía más posibilidades de triunfo. Por ello, hasta ahora, el gobierno de López Obrador no toca ni con el pétalo de una crítica a su antecesor, mientras éste se da la gran vida en Europa, gozando del glamour cual “playboy”.

Aun concediendo que haya veracidad en los cargos por los que la FGR busca descarrillar a los candidatos opositores en Nuevo León, a quien corresponde presentar las denuncias es a los partidos políticos afectados y no al titular del Poder Ejecutivo federal, que un día sí y otro también viola la Constitución con tal de rescatar a su partido de la debacle que le está significando el colapso de la Línea 12 del Metro, el cual solo puede explicarse a partir de la corrupción, la indolencia y la incapacidad de las últimas tres administraciones de la Ciudad de México, todas emanadas de una u otra manera del mismo grupo político gobernante en este momento. Incluida la de Miguel Ángel Mancera.

Una reciente medición así lo demuestra. De acuerdo con una encuesta de México Elige, si las elecciones federales fueran hoy, Morena y sus aliados registrarían un empate técnico con la coalición opositora de PRI, PAN y PRD. 

Según los resultados del estudio, 47.1 por ciento de los encuestados les daría el voto a los candidatos a diputados federales de Morena y aliados, mientras que 45 por ciento lo haría por la coalición Va por México. Eso significa que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” perdería la mayoría calificada que actualmente tiene en San Lázaro.

Por ello no tienen empacho para arrastrar por el suelo la Constitución. Por eso hacen exactamente lo mismo -y hasta cosas peores- que hacían quienes les antecedieron, sin que la FGR se dé por enterada. 

Por eso, el fracaso moral de la “4t”.

Violencia incontrolable en Veracruz

El secuestro de la ex presidenta municipal de San Andrés Tuxtla, Marina Garay, también muestra otro rotundo fracaso: el de la administración de caricatura que mal gobierna Veracruz.

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