​La violencia es sin duda el otro de los principales rasgos característicos del actual proceso electoral cuya fase de campañas habrá de terminar dentro de exactamente una semana.

La ejecución a plena luz del día de Alma Rosa Barragán Santiago, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, mientras recorría una zona rural de su municipio, se suma a la desbordada ola asesina que azota a candidatas y candidatos a diferentes cargos de elección popular en todo el país.

De acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia Política en México de la consultora Etellekt, han sido ultimados 88 políticos durante el proceso electoral de este año, de los cuales 34 eran aspirantes y/o candidatos a diferentes puestos de elección popular, sin que haya avances prácticamente en ninguna de las respectivas investigaciones.

No debería sorprender tampoco. De la violencia discursiva que priva en el intercambio público a la violencia sangrienta en las campañas media una muy delgada línea, de lo cual “convenientemente” ninguna autoridad, de ningún nivel, se hace cargo. 

Lo mismo los panistas guanajuatenses que los priistas mexiquenses, los perredistas michoacanos y los morenistas veracruzanos. La violencia pareciera serles ajena. Incluso cuando cobra la vida de personas de manera brutal. Ni hablar del gobierno federal, que es incapaz de asumir responsabilidad alguna de nada de lo que sucede en el país. 

El mismo reporte de Etellekt Consultores señala que Veracruz es la entidad con el mayor número de agresiones contra políticos con 45 denuncias, que se han reflejado en asesinatos como el de Gladys Merlín y su hija Carla Enríquez en Cosoleacaque, el de José Melquiades Vázquez Luna en Mariano Escobedo o el de José Alfredo Gaspar Gutiérrez, por mencionar los más recientes.

Pero este clima de agresiones también ha provocado la renuncia de por lo menos tres candidatos que abandonaron la contienda en la entidad veracruzana: Érika Cortés, abanderada del Partido del Trabajo a la alcaldía de Cuichapa; Francisca Morales, candidata del PRI en Mixtla de Altamirano; y Rubén Salinas, postulado por el PAN en Playa Vicente. Todos acusan un grave riesgo para su integridad personal y para su vida misma.

Asimismo, se reporta que la regidora quinta del Ayuntamiento de Perote, Angelina Zavaleta Córdoba, desapareció desde el pasado domingo 23 de mayo. Ella había denunciado violencia política de género por parte del presidente municipal Juan Francisco Hervert Prado.

El crimen organizado pareciera emerger como el gran elector en esas zonas en las que solo su ley, la de la plata o plomo, impera. Y ésa resulta ser la disyuntiva para cualquier aspirante a un cargo que les resulte incómodo o poco conveniente para sus intereses: o se retiran de la contienda o se atienen a las consecuencias.

Pero tampoco se puede dejar de lado que desde las mismas estructuras de poder político se alienta esa violencia de diferentes formas. Valga mirar otro de los datos del informe de Elletek: 75 por ciento de los políticos asesinados en el país en este proceso electoral han sido opositores a los gobiernos de los estados en los que vivían.

Sin embargo, no se preocupe: tenemos el beisbol.

A las aulas, por sus… pistolas

La necedad y la abyección siempre tienen un costo a pagar. El mismo que habrán de asumir Cuitláhuac García Jiménez y Zenyazen Escobar por arrastrar a los estudiantes del estado a un regreso a clases presenciales en medio de una crecida de contagios en las principales ciudades de la entidad.

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