​La consulta que no es para “enjuiciar a los ex presidentes de México” -como intentan hacer creer los propagandistas del régimen de la mal llamada “cuarta transformación”- es una farsa que no solo no lleva a ningún lado, sino que alienta el linchamiento público y, peor aún, lo coloca por encima de la aplicación e impartición de la justicia.

El gobierno lopezobradorista y Morena, el nuevo partido oficial, engañan a la población al promover que en la consulta se preguntará si se está o no de acuerdo con llevar a juicio a los ex presidentes mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto. Lo saben perfectamente y aun así obligaron a las instituciones del Estado Mexicano a organizar una pantomima grotesca.

La pregunta que aparecerá en la boleta de la consulta del 1 de agosto es: “¿Estás de acuerdo o no, en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Es importante recalcarlo para evidenciar las falacias difundidas -a un enorme costo para el erario y para la justicia- por el morenato gobernante.

La pregunta quedó así redactada porque la Corte determinó -con razón- que el cuestionamiento original era inconstitucional, por la razón que se ha planteado hasta el cansancio, pero que la demagogia populista del régimen decidió ignorar: no se puede someter la aplicación de las leyes, y menos de las penales, a que alguien que no sea una autoridad competente opine en sentido afirmativo o negativo. Las leyes no se ponen a consideración de lo que una turba manipulada decida que debe hacerse. Si hay elementos para proceder, se acciona en ese sentido. El mandato de hacer valer la ley ya lo tienen.

Quedando claro que no se pregunta a la ciudadanía sobre si se lleva a juicio a los ex presidentes -de cuya propaganda fue excluido el “tótem” político de las prácticas e ideas del lopezobradorismo, Luis Echeverría Álvarez, él sí responsable de las masacres de Tlatelolco en 1968 y del “Halconazo” en 1971-, lo que queda es un ejercicio al que quienes decidan acudir lo harán a ciegas, porque sus efectos no son claros. Si es que pudiese hablarse de que tenga efectos.

Como ya se ha señalado en este mismo espacio, la Ley Federal de Consulta Popular establece que debe registrarse una participación de 40 por ciento del padrón electoral para que sus efectos sean legalmente vinculatorios. La elección del pasado 6 de julio -en la que se eligieron diputados federales y locales, ayuntamientos y gobernadores- apenas y superó la mitad del padrón. No es factible que una consulta sin pies ni cabeza logre generar un interés que muchas elecciones reales de autoridades y representantes populares, no logran.

Pero concediendo que el régimen llevara a cabo un acarreo gigantesco que le permitiera cubrir el porcentaje mínimo, lo que se pregunta es tan ambiguo que han tenido que inventarle alcances ficticios a la consulta, como el que se sacó de la manga el presidente de la Corte Arturo Zaldívar, en el sentido de que servirá para crear “comisiones de la verdad” sobre hechos del pasado. Lo cual el gobierno también podría hacer sin necesidad de preguntarle nada a nadie.

La consulta solo sirve en realidad para mantener en la agenda pública el clima de tensión y polarización política a través de la imposición de la narrativa de los “villanos” y “enemigos del pueblo”. Alguien sobre quién descargar la ira social a partir de delitos que en la mayoría de los casos o ya prescribieron, o no son responsabilidad directa de los personajes inculpados y sentenciados a priori, o son imposibles de probar.

Porque si verdaderamente quisieran hacer justicia y castigar delitos como el fraude electoral de 1988 –“delito” que se le achaca a Salinas en la propaganda oficial, a la que se prestan muchos que alguna vez fueron respetados críticos y hoy son vulgares matraqueros del poder-, pues podrían empezar por llevar ante un juez a quien lo ejecutó: Manuel Bartlett Díaz, ¿no?

Y lo más grave no es el despilfarro de 500 millones de pesos o más; ni siquiera que se le mienta a la ciudadanía de manera vulgar y cínica. Lo peor es que se vulnera la obligación de las autoridades de impartir realmente justicia, propiciando impunidad. 

Aunque eso es exactamente lo que ha hecho la “4t” desde que asumió el poder.

Pausa

Para atender pendientes personales de su autor, la Rúbrica se volverá a publicar el próximo lunes 26 de julio. A sus lectores y editores, gracias por su comprensión.

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