​Con año y medio de retraso –ya sabe, la eficiencia marca “4t”-, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) entregó al Congreso del Estado el Informe del Resultado de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, correspondiente al primer año del actual gobierno estatal.

La mera dilación de la entrega de este informe ya debería ser acreedora de algún tipo de responsabilidad o sanción para las autoridades fiscalizadoras, pues violaron los artículos 33 fracción XXX y 67 fracción III de la Constitución Política del Estado de Veracruz al no proporcionar en los tiempos legales establecidos esta información.

El primer numeral establece que entre las atribuciones del Congreso se encuentra “aprobar las Cuentas Públicas, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe del Resultado, entregado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en términos de lo establecido por esta Constitución y la legislación aplicable, a más tardar, el último día del mes de octubre del año que corresponda”.

A su vez, el otro artículo señala que “el Órgano de Fiscalización Superior del Estado realizará la revisión de las Cuentas Públicas, en un período no mayor de un año, conforme al procedimiento de fiscalización superior, bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad”. 

Las cuentas de 2019 se están entregando hasta 2021, bajo el pretexto de la pandemia –que a organismos como la Auditoría Superior de la Federación no le impidió hacer su trabajo-. Pero como para la “cuarta transformación” es más importante ser “leal” que “eficaz” y al son del “dando y dando”, no habrá quien desde las instancias legales correspondientes actúe contra el Orfis que, a su vez, fue tan “benévolo” con entes fiscalizables como el Congreso del Estado, que no lo tocó “ni con el pétalo” de una observación.

Tampoco podía esperarse demasiado cuando en el Orfis fue nombrada una ex funcionaria del mismo gobierno que le tocó auditar, que además fue también representante del hoy partido oficial ante los órganos electorales locales. La parcialidad era abrumadoramente cínica.

Sin embargo, a pesar de lo anterior y con todo lo que se haya “maquillado” las cifras durante el enorme tiempo de demora, el Ejecutivo estatal no salió incólume y se reportan inconsistencias, irregularidades y observaciones que caen en la presunción del daño patrimonial, o sea, del desvío de recursos.

De esta forma, durante al primer año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez el Orfis determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por 191 millones 995 mil 930.69 pesos en la cuenta pública consolidada, derivado de la auditoría en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. Lo cual no deja bien parado al secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco.

Asimismo, derivado de las auditorías financieras y técnicas a la obra pública, el Orfis señaló otro presunto daño patrimonial por un total de 279 millones 828 mil 513.26 pesos en diversos entes del Poder Ejecutivo estatal. Lo que hace un total de 471 millones 824 mil 443 pesos, irregularidades directamente atribuibles al ejercicio de los recursos responsabilidad del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Nuestra “bendición”.

Un ejemplo –a reserva de entrar al estudio de fondo de las irregularidades en otras dependencias- de cómo se las gastan en el gobierno de la “4t” veracruzana lo encontramos en la Coordinación General de Comunicación Social, a la que el Orfis les observó un posible desvío por cerca de un millón de pesos. Poco, si se quiere ver así.

Empero, ese dinero se fue en pagar propaganda en la red social Facebook, de la cual “se detectó que la documentación comprobatoria no reúne los requisitos fiscales que establece la normatividad aplicable debido a que presentan recibos simples de pago”.

Además, dichas erogaciones fueron realizadas a través de la cuenta bancaria número 1056900329 “aperturada a nombre del Coordinador General de Comunicación Social (Iván Joseph Luna) en la que a su vez le transfirieron recursos por un monto de $949,058.78 durante el ejercicio 2019 para sufragar este tipo de gastos”, cuando las cuentas bancarias para pago a proveedores de gobierno deben estar a nombre de la dependencia correspondiente, no de una persona física. Operación que bien podría ser de interés para el Servicio de Administración Tributaria y hasta para la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, por evasión de impuestos y hasta posible lavado de dinero.

Por si algo faltara, el informe del Orfis detalla también que 16 empresas mediáticas que recibieron recursos en materia de publicidad de la Coordinación General de Comunicación Social no se encontraron inscritas en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación, en total contradicción con el discurso de transparencia y “fin del chayote” que pregonan esta administración y sus propagandistas.

Si eso salió apenas del primer año, imagínese cuando se revise lo de 2021 y lo desviado a las elecciones y a la “consulta” del próximo domingo. 

Fracaso anunciado

Precisamente, con todo y el acarreo de burócratas y “solovinos” que habrá el próximo domingo, es tan predecible el fracaso de la consulta popular en términos de porcentaje de participación que le dé obligatoriedad legal al resultado, que en Morena ya se “amarraron el dedo” y exhibieron sus verdaderas intenciones: establecer una “comisión de la verdad” (que como todas las de su tipo servirá para lo mismo. Nada).

La otra es lanzar una ofensiva brutal contra el Instituto Nacional Electoral. 

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