​Desde que fue impuesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la magistrada Isabel Romero Cruz no ha tenido empacho alguno en poner de rodillas al Poder Judicial ante el Ejecutivo estatal, en una actitud de sumisión absoluta, indigna y abyecta. El sello de la casa de la “4t” a todos los niveles, valga decir. 

Pero si las formas son detestables, lo que hay en el fondo de las mismas implica una cantidad tal de manejos turbios de los recursos de ese Poder constitucionalmente autónomo, que varios de los implicados habrán de ser llamados a cuentas por malversación y desvío de dinero público.

El miércoles de la semana pasada, en este espacio se refirió cómo la directora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlén Bautista Flores, se constituyó como el verdadero “poder tras el trono” pues representa los intereses del subsecretario de Administración y Finanzas Eleazar Guerrero, primo hermano del gobernador Cuitláhuac García y quien controla todo lo que se hace con los recursos públicos del estado en este sexenio.

Pues bien, fue Bautista Flores la encargada de operar lo que representaría un fraude a las arcas del Poder Judicial, comparable con las jugadas que acostumbraba realizar Javier Duarte a través del mecanismo de desvío de recursos conocido como “la licuadora”.

Información en poder de quien esto escribe señala que mediante el fideicomiso número 108839 el Poder Judicial llevaba a cabo inversiones a plazos fijos en una cuenta bancaria en HSBC, con la finalidad de incrementar el patrimonio del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia de ese órgano, las cuales se realizaron en los últimos años en los plazos señalados cada 90 días y hasta reportaron rendimientos de entre cuatro y seis millones de pesos en cada vencimiento.

Eso cambió a la llegada de Joana Marlén Bautista a la Dirección General de Administración en agosto de 2020. Una de sus primeras acciones fue instruir el retiro de la cantidad existente en el fondo de inversiones -sin acordarlo con el Comité Técnico para la Administración de dicho fondo- y así disponer de 265 millones de pesos.

Pero eso no es todo. Esa cantidad habría sido puesta a disposición del Poder Ejecutivo como un “préstamo”, sin contar con documento alguno que respaldara tal acción por parte del Consejo de la Judicatura, con cargo al presupuesto del próximo año.

De ahí nace precisamente el déficit de 500 millones de pesos que enfrenta el Poder Judicial en este momento, pues por un lado Joana Marlene Bautista retiró esos 265 millones de pesos de las cuentas del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia para transferirlos al Ejecutivo bajo una afectación al presupuesto de 2022. Es decir, que se tiene un faltante de recursos del Fondo Auxiliar y una afectación a las cuentas del presupuesto del próximo año. 

No por nada la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros afirmó en una entrevista la semana pasada –luego de ser injuriada por los textoservidores del régimen en Veracruz al negarse a reducir su salario por órdenes del gobernador- que en el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia “simplemente, el dinero lo desaparecieron”.

CICE, los Ruiz y hasta Sánchez Cordero, los “ganones” del desfalco

El otro barril sin fondo en el Poder Judicial, como se ha mencionado, son las Ciudades Judiciales, cuya construcción pasó de cinco mil millones iniciales a 15 mil millones de pesos, y cuya investigación le costó su destitución a la anterior presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta.

¿Cuáles son los intereses que se afectaron? Pues precisamente varios que escalan hasta el ex presidente del TSJEV Edel Álvarez Peña y sus acuerdos alcanzados con la administración de Cuitláhuac García Jiménez; a poderosos consorcios empresariales asentados en la entidad y hasta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Y es que el contrato para la construcción de las Ciudades Judiciales beneficia a varios consorcios cuyos dueños son los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, cuya familia ha hecho grandes negocios en todos los últimos gobiernos estatales, sin importar el partido que los encabece.

También aparece entre las empresas “ganonas” el Consorcio Integral de Comercio Exterior, mejor conocido como CICE, una de las principales operadoras de negocios en el puerto de Veracruz y que “extrañamente” decidió incursionar en el ramo inmobiliario como contratista gubernamental.

Otra de las empresas es Construindustrias Comerciales S.A. de C.V., representada por Carlos Nachón Llanos, quien resultaría ser, ni más ni menos, que sobrino de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Por eso es que los contratos para las Ciudades Judiciales no se tocan ni por equivocación.

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