​Las políticas “austericidas” de los gobiernos de Morena, que implican dejar de canalizar recursos para cualquier cosa que no sea su infame clientelismo político y las odas a la megalomanía –y los negociazos de sus “cuates”- del presidente López Obrador, han tocado extremos intolerables que ponen en serio riesgo la salud, la integridad y la vida de la población vulnerable, en la cual no consideran que sea buena idea “gastar”.

La sistemática negativa del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” a vacunar a menores de edad, a aplicar refuerzos de inmunización a quienes se les inyectaron fármacos de dudosa calidad y eficacia como a los maestros, y el andar mendigando por el mundo vacunas regaladas, tiene una sola y muy miserable razón: el gobierno no quiere gastar en eso.

Esa misma lógica es la que ha provocado el desabasto de medicamentos como los oncológicos, denunciado desde antes que comenzara la pandemia. No hay medicinas porque el gobierno se niega a pagar su precio y pretende establecer sus propias “tarifas”. El resultado es obvio: las farmacéuticas se las venden a otros, que no escatiman ni regatean con la salud de sus conciudadanos.

Es por eso mismo que ha tenido que ser a punta de amparos como desde el Poder Judicial de la Federación se ha obligado a estos políticos supuestamente “progresistas”, con “visión social” y de “izquierda”, a simplemente cumplir con una de las principales responsabilidades del servicio público, que es la de velar por la salud y la vida de las personas de cuyos impuestos cobran sus salarios. 

Así como con la salud, el lopezobradorismo gobernante ha dejado de gastar en educación, desarrollo tecnológico, cultura, investigación científica –a la cual, además, acosa y persigue-, infraestructura y varias áreas y rubros más. Todo el dinero está concentrado en sus programas sociales asistencialistas, en el tren ecocida que elevará la plusvalía de ciertas propiedades en Palenque, Chiapas, en un aeropuerto al que no viajará ninguna aerolínea internacional seria y en la refinería que será completamente obsoleta en el transcurso de la próxima década.

Otra de las cosas en las que el gobierno de la República ha decidido dejar de invertir los recursos necesarios es en la atención de la población afectada por los fenómenos naturales, a los que el país está expuesto por su ubicación geográfica y geológica y que, por eso mismo, son recurrentes, más no necesariamente predecibles.

Bajo el pretexto de que en el pasado había corrupción en su manejo –algo que fácilmente podrían haber corregido dejando de cometerla-, el gobierno federal y su partido desaparecieron el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuyos cuantiosos recursos –y con todo y que efectivamente les “metían la uña” inmisericordemente anteriores administraciones de todos los niveles- alcanzaban para dar atención inmediata a la población damnificada por fenómenos climatológicos y geológicos, así como para reconstruir lo destruido por huracanes, sismos, lluvias torrenciales, incendios, etc.

La “4t” desapareció el Fonden, se quedó con los miles de millones de pesos con los que funcionaba y ahora, cuando hay algún desastre, destina a las zonas afectadas los recursos que quiere, sin criterios bien definidos ni claros para su entrega y sin que realmente sirvan para resolver nada. Son meros paliativos, “mejoralitos” para atender un derrame cerebral, si se permite la analogía.

Ésa fue la razón por la que hace poco más de una semana el presidente recibió airados reclamos durante sus visitas a zonas afectadas por el huracán “Grace” en Veracruz y Puebla: los verdaderos damnificados no fueron quienes recibieron los de por sí insuficientes apoyos gubernamentales. Hubo pillaje y tráfico de influencias. El mecanismo “sustituto” del Fonden fue un fracaso. Así siguen. Y por lo visto, así seguirán.

Pero la pichicatería del gobierno que jura que se debe por completo al “pueblo” está alcanzando un nivel increíble, pues ante un fenómeno natural ya ni siquiera quieren hacer declaratorias de emergencia, porque también eso implica destinar recursos para la atención de los afectados.

Es lo que sucedió con los municipios de la región de Los Tuxtlas y la Cuenca del Papaloapan que este fin de semana sufrieron inundaciones severas por las tremendas lluvias que los azotaron y que dejaron sin nada a cientos de personas, cuyo patrimonio quedó flotando en las aguas estancadas, como fue el caso en Lerdo de Tejada y Saltabarranca, en la zona sur de Veracruz.

Pues a pesar de eso, el Comité Estatal de Emergencias –que encabeza el gobernador Cuitláhuac García Jiménez- “decidió” no solicitar la Declaratoria del Programa de Atención de Emergencias de la Federación, ya que en palabras de la secretaria de Protección Civil estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, “Veracruz tiene la capacidad de auxiliar a los casi 29 mil habitantes que sufrieron el impacto de este fenómeno”.

Si con la declaratoria de emergencia la respuesta a los damnificados por “Grace” en el norte de la entidad ha sido en sí misma y por derecho propio un desastre, ¿sabe lo que va a suceder con el gobierno estatal usando sus propios recursos para atender ésta y otras contingencias? 

Si ni siquiera fueron capaces de suspender su paseo por el río Papaloapan para ir a ver qué necesitaba la población que dicen que gobiernan.

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