​Para algunos más que para otros, la pesadilla y los saldos del infame gobierno de Javier Duarte están lejos de haber quedado en el pasado.

La noche de este miércoles, un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal vinculó a proceso a cuatro ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por el presunto desvío de dos mil millones de pesos provenientes de fondos del sector educativo en el año 2012.

Se trata de un viejo proceso derivado de una muy recurrente práctica de aquella administración –hasta ahora, comprobadamente la más corrupta de la historia de Veracruz- conocida como la “licuadora”, en la que se tomaban recursos etiquetados de diferentes aportaciones presupuestales federales, se colocaban en una cuenta concentradora y se perdía el rastro del fondo al cual pertenecían y el rubro al que debía dirigirse su gasto.

Concretamente, el recurso era desviado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), por lo cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó varias denuncias desde 2014, las cuales nunca fueron atendidas ni procesadas por la entonces Procuraduría General de la República del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los fiscales que llevan la carpeta de investigación activada actualmente señalan que los dos mil millones de pesos desviados proceden de una “Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables” del 12 de diciembre de 2012, dinero que fue transferido a la “licuadora” de la Secretaría de Finanzas y Planeación y de ahí “quién sabe” a dónde. A lo mejor en Londres o en el Reclusorio Norte sepan.

Lo relevante del caso, más que el monto reclamado –bastante poco, si tomamos en cuenta que en total se desviaron más de 50 mil millones de pesos en el sexenio duartista- y el “modus operandi” –muy conocido- es que los imputados son solamente los ex secretarios de Finanzas Tomás Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, así como el ex subsecretario de Finanzas Gabriel Deantes Ramos y un funcionario menor, el ex subdirector de Operación Financiera de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) José Francisco Díaz Valenzuela.

En cambio, uno de los principales operadores del descomunal desfalco a los veracruzanos de ese infausto sexenio aparece no del lado de los perseguidos –como debiera ser- sino de los acusadores: el ex tesorero Tarek Abdalá, quien tenía en sus manos la facultad de decisión plenipotenciaria para disponer discrecionalmente de esos recursos –por encima de los mismos titulares de la Sefiplan- gracias a la enorme cercanía que tenía en ese momento con el matrimonio Duarte-Macías.

Para evitar la cárcel, Tarek Abdalá decidió “cantar” y embarrar con su propia mierda a propios y extraños –incluidos sus “queridos amigos” Karime y Javier-, al grado de “salpicar” a quienes ni siquiera les pedía parecer para hacer lo que le viniera en gana con los recursos del erario veracruzano.

El problema es que están colocados en una misma bolsa ex funcionarios probadamente corruptos y mafiosos como Gabriel Deantes y otros como Fernando Charleston, cuyo fugaz paso por la Secretaría de Finanzas duartista se debió precisamente a que no estuvo dispuesto a hacerse “de la vista gorda” y menos a comprometerse ordenando directamente desviar los recursos para financiar las francachelas y amoríos de Javier Duarte o los caprichos de “Special K”. Para su infortunio, no alcanzó a irse a tiempo.

Lo más indignante es que un ladrón cínico como Tarek Abdalá anda como la “fresca mañana”, gracias a que el 31 de octubre de 2018 consiguió inmunidad penal gracias a que negoció un “criterio de oportunidad” con la Fiscalía General de la República para incriminar a sus ex compañeros en ese gobierno.

La misma ruta de Emilio Lozoya: acusar –sin necesidad de probar- para lograr impunidad. ¡Bonita la “justicia” a la mexicana!

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