​Además de buscar doblegarlos a través de campañas sistemáticas de desprestigio y de su “colonización” con personajes afines, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” intenta desaparecer mediante la asfixia financiera cualquier vestigio de contrapeso institucional a los designios del Ejecutivo.

Tras la emboscada que literalmente le tendieron los diputados lopezobradoristas al presidente del Instituto Nacional Electoral durante su comparecencia de la semana pasada, de la cual salió bastante bien librado pese a la virulencia y las agresiones en su contra, la andanada contra el árbitro electoral –con un hedor a venganza- pasó a un nivel ya probado en otras esferas públicas desde el año pasado: el de quitarle los recursos financieros con los cuales opera.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja –nunca mejor aplicado ese término- aprobó la tarde de este martes el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, en el que se establece una severa reducción de recursos para el organismo electoral el año entrante, por cuatro mil 913 millones de pesos.

El recorte equivale a casi 20 por ciento del presupuesto del INE, que pasaría de 24 mil 649 millones contemplados originalmente a 19 mil 736 millones de pesos, que si bien no es poco dinero, sí compromete la operación del instituto en un año en el que no solamente habrá elecciones en seis entidades de la República –en cuya organización coadyuva con los organismos electorales locales-, sino que deberá preparar y llevar a cabo, por ley, la consulta de revocación de mandato del Presidente de México.

Para sacar adelante ese ejercicio de “democracia directa” convocado por el propio régimen y no por la ciudadanía del país –lo cual de suyo pone en duda sus verdaderas motivaciones, como mencionamos en la anterior entrega de la Rúbrica-, el INE solicitó un presupuesto específico de tres mil 830.4 millones de pesos, con lo cual estimó sería suficiente para cumplir con sus atribuciones constitucionales relacionadas con dicha consulta, ya que implica el nombramiento de más de 484 mil funcionarios y funcionarias de casilla, así como la instalación de más de 161 mil mesas receptoras en todo el país.

Si bien ninguna iniciativa de presupuesto es inamovible cuando se discute en el órgano legislativo, lo que se aprobó en el dictamen que se discutirá este miércoles en el Pleno de San Lázaro –y seguramente será “mayoriteado” por el morenato neopriista- es, en los hechos, quitarle por completo al INE los recursos para la consulta de revocación de mandato. ¿Y por qué el régimen que promueve la referida consulta querría hacer algo así?, se preguntará usted.

Pues para culpar al INE de un eventual fracaso del ejercicio –se necesita la votación de por lo menos el 40 por ciento del padrón electoral para hacer vinculantes sus resultados-, similar al del falso “juicio contra los ex presidentes”, con el que el lopezobradorismo hizo un monumental ridículo y solo exhibió cuán tramposo puede ser.

Tras esa experiencia, es claro que el aparato político, gubernamental y propagandístico del régimen echará toda la carne al asador. Por supuesto que no para que prospere una eventual revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador –no hay nada que indique que eso pudiera ocurrir-, sino para fortalecer en el imaginario colectivo la idea de que “todo” el “pueblo” aclama al presidente y que si no se alcanzan los porcentajes requeridos por la ley, la culpa es del árbitro que ese mismo año tiene elecciones en Aguascalientes, Quintana Roo, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

El lopezobradorismo resentido no logró hacer mella en el INE durante las elecciones de este año porque el órgano electoral hizo un trabajo impecable, con todo y la inquina oficial en su contra, gracias a que toda su maquinaria institucional funcionó como reloj suizo.

El régimen lo que quiere es poner su propia hora. Como 40 años para atrás.

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