​Sin ningún resultado en materia de desarrollo social, de seguridad, de crecimiento económico ni de infraestructura, al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” solo le ha quedado aferrarse a la perorata del “no somos iguales”, porque según ellos “ya no se permite la corrupción”.

De hecho, fue en ese intangible –acabar con la corrupción-, que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador basó sus propuestas de campaña y la forma de cumplirlas. Según él, si se erradicaba la corrupción, habría los recursos públicos suficientes para fondear sus megaproyectos de obra y sus programas sociales asistencialistas.

Tres años después, han desmantelado cuantas instituciones y programas han podido, sin importarles cómo funcionaran, y no hay dinero que alcance para cubrir el despilfarro de los presidenciales caprichos. Y lo peor de todo es que la corrupción goza de “cabal salud” en México.

Este martes se dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 de la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), en el que México aparece entre los países más corruptos del mundo, al lado de Gabón, Níger y Papúa Nueva Guinea.

De acuerdo con esta medición, México se ubica en el lugar 124 de 180 países evaluados por el IPC -que es el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público-, con una calificación de 31 puntos de 100. La misma que obtuvo en 2020.

México aparece peor evaluado que países latinoamericanos como Cuba (lugar 46), Colombia (39), Argentina y Brasil (38), Ecuador, Panamá y Perú (36), y El Salvador (34).

Además, México es el país peor evaluado en cuanto a corrupción de los 38 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y ni modo que digan que esto es consecuencia de las “herencias malditas” del “pasado neoliberal”, cuando llevan tres años en el poder y, según su propio discurso panfletario, “ya se acabó la corrupción”.

Sin embargo, las evidencias de que esto es una mentira más de la “4t” son inocultables. Transparencia Internacional destaca en su evaluación que existe “una creciente preocupación por el uso político-electoral en las fiscalías mexicanas, que pese a gozar en muchos casos de autonomía formal, no son vistas como órganos independientes al gobierno”.

Ni siquiera habría mucho que alegar ahí. La Fiscalía General de la República es un “brazo ejecutor” de las venganzas, persecuciones y presiones del régimen lopezobradorista contra adversarios, enemigos reales o imaginarios y disidentes, pasándose la ley por el “arco del triunfo”, inventando cargos y torciendo las normas al más puro estilo del PRI más autoritario. Mismo caso de la infame Fiscalía General del Estado de Veracruz, que juega exactamente el mismo rol.

TI señala que en esos casos “su actuación (de las fiscalías) presenta sesgos favorables o negativos dependiendo del grupo político al que se investiga”. La justicia a modo, pues.

Y no es que tuviera que venir una Ong internacional para decirnos lo que de todos modos ya sabíamos. El combate a la corrupción del actual régimen es una farsa. Solo hay que recordar todos los videos de los hermanos del presidente recibiendo dinero de procedencia por lo menos oscura y de uso seguramente indebido; o los contratos millonarios para sus familiares en el gobierno. Y si eso no le convence, ahí está la sentencia clara y firme del Tribunal Electoral federal contra la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, por “mocharle” su sueldo a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco cuando lo presidió, para entregárselo a Morena.

O como en Veracruz, donde entre el gobernador, su primo el subsecretario de Finanzas, el secretario de Gobierno y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local saquearon al Poder Judicial y desaparecieron 500 millones de pesos. Por mencionar solo una de las tantas que deben.

Son tan corruptos como cualquiera de los que les precedieron. Y cada vez se nota más la suciedad.

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