​Dentro del clima de crispación social con el que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” busca debilitar y acallar cualquier crítica -por pequeña que ésta sea- a sus desatinos, incongruencias y corruptelas, hay que apuntalar la manera en la que los ataques del presidente López Obrador a la libertad de expresión y de prensa se han vuelto cada vez más violentos, al menos verbalmente. Lo que no quiere decir que no puedan ascender a la agresión física.

Como todos los políticos autoritarios, Andrés Manuel López Obrador es absolutamente intolerante a la crítica. No la soporta bajo ninguna circunstancia. Menos aun cuando quedan exhibidas las malas prácticas, simulaciones, incongruencias, conflictos de interés y hasta corruptelas en las que los protagonistas son sus allegados o, como ha sido una constante durante su sexenio, sus familiares.

En lugar de aclarar y/o demostrar fehacientemente que los reportajes y opiniones periodísticas críticas a su gobierno son erróneos, contienen equívocos o incluso falsedades –con medios probatorios concretos-, el presidente ha decidido utilizar un espacio público, como palacio nacional, y recursos públicos (personal humano, equipo técnico, tiempos de transmisión en medios públicos) para despotricar, insultar, amedrentar y amenazar, con todo el poder del Estado, a los periodistas –rara vez a los dueños de los medios, por cierto- que publican los trabajos que lo enfurecen.

Ésa ha sido una constante del sexenio, sin duda. Pero a últimas fechas y desde que alguien tuvo la perversa idea de crear la infame sección “Quién es quién de las mentiras de la semana” en las conferencias “mañaneras”, la violencia y las agresiones verbales con cargo al erario contra periodistas –hasta varios afines al régimen, para que no se les olvide quién manda y no se hagan los “imparciales”- han escalado a niveles escandalosos e inadmisibles dentro de cualquier normalidad democrática que, como queda claro, se está desbarrancando en México.

Esto es particularmente grave en un contexto en el que los asesinatos de periodistas están creciendo aceleradamente. Cinco, apenas en lo que va del año. Más de 50 en el sexenio, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gobernación. Una treintena, según Artículo 19 y otros organismos que “regatean” la condición de periodista a su particular criterio y solo condenan las agresiones cuando acaban en la muerte de un comunicador.

Resulta todavía peor cuando quienes alientan el linchamiento de sus pares son otros periodistas que, convencidos del “manto protector” que les da el oficialismo, creen que atacar y ridiculizar a sus compañeros de gremio –con los cuales se puede o no coincidir- o simplemente negarse a ser solidarios y repudiar las agresiones proferidas desde la Presidencia de la República –que no se encuadran dentro de ningún parámetro del derecho de réplica, al no existir punto de comparación entre el poder de unos y otros- les redituará bien, los mantendrá dentro del círculo de los poderosos y no tendrá mayores consecuencias para ellos.

Habría que recordarles –y algunos lo saben bien, porque lo vivieron de cerca- que lo mismo pensaban los “oficialistas” del sexenio de Javier Duarte: que como estaban “cerca” del gobernador, eran “consentidos” en Comunicación Social y evitaban sumarse a las condenas hacia crímenes como el de Regina Martínez y varios más, estaban a salvo de la violencia y la muerte que azotó a los comunicadores en Veracruz en esos años. 

Hasta que también a ellos los alcanzó.

Imputaciones de mentiras

De no creerse la nueva excusa argüida por el gobernador Cuitláhuac García para no derogar realmente el inconstitucional tipo penal de ultrajes a la autoridad: que porque 40 “jefes de plaza” del crimen organizado en la entidad fueron encarcelados imputados por ese delito, cuya supresión los pondría en libertad.

¿Qué no esos delincuentes tendrían que ser procesados por homicidio doloso, tráfico de estupefacientes y de personas, secuestro y otros delitos asociados con la delincuencia organizada? ¿Quiere decir que criminales sanguinarios y peligrosísimos están en la cárcel bajo cargos endebles y muy lejanos a la gravedad de sus actos?

Vaya manera del gobernador de reconocer que el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y el de la Fiscalía General del Estado son una porquería.

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